El gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la regularización de cientos de miles de ilegales
Los principales sindicatos de la Policía Nacional han expresado su preocupación ante la política de regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según denuncian, esta medida podría generar una sobrecarga administrativa importante y comprometer los mecanismos de control de seguridad en el país.
Advertencia de colapso administrativo en Extranjería
Las organizaciones policiales sostienen que la iniciativa se ha puesto en marcha sin una planificación suficiente ni el refuerzo de recursos humanos y materiales necesarios. Esto, según alertan, provocaría un aumento masivo de expedientes, verificaciones documentales y comprobaciones de antecedentes penales, lo que podría derivar en el colapso de las oficinas de Extranjería.
Desde el sindicato JUPOL critican que la medida se haya adoptado sin consultar a los profesionales de la seguridad y sin consenso político, pese a su impacto directo en el control fronterizo y la seguridad ciudadana.
Críticas a la relajación de los controles de seguridad
En la misma línea, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) advierte de que la necesidad de agilizar trámites podría traducirse en una reducción de los controles efectivos sobre los perfiles de riesgo.
Los agentes alertan de que una verificación incompleta de antecedentes penales —especialmente en países con sistemas de información limitados— podría dificultar la detección de personas con historial delictivo.
Riesgos en el espacio Schengen
Otro de los puntos de preocupación es la posibilidad de que España se convierta en un punto débil dentro del espacio Schengen. Según los sindicatos, personas con órdenes de expulsión en otros países europeos podrían llegar a regularizar su situación en territorio español, lo que generaría un efecto llamada y problemas de coordinación internacional.
Advertencia sobre la seguridad pública
Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) considera que el decreto abre una posible brecha en la seguridad pública, al no contar —según afirman— con mecanismos suficientemente sólidos para verificar antecedentes penales en los países de origen.
Además, los sindicatos señalan que el impacto real de la medida podría ser mayor del previsto, ya que a las regularizaciones iniciales se sumarían procesos de reagrupación familiar, incrementando el número total de personas beneficiadas.
Saturación en unidades de Extranjería y Fronteras
Actualmente, las unidades de Extranjería y Fronteras ya trabajan bajo una alta presión operativa, con recursos limitados y retrasos acumulados. En este contexto, los sindicatos advierten de que una regularización masiva sin refuerzos adicionales podría agravar la situación y afectar al funcionamiento general del sistema migratorio y de seguridad en España.
