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Sonsoles Espinosa compartía con Zapatero una cuenta que recibió 1,5 millones en plena trama del caso Plus Ultra

La investigación judicial del denominado caso Plus Ultra continúa estrechando el cerco sobre el entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El último auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, revela que María Sonsoles Espinosa Díaz, esposa de Zapatero, compartía con él una cuenta bancaria que recibió ingresos por valor de 1,5 millones de euros entre los años 2020 y 2025, procedentes de sociedades vinculadas presuntamente a la red de tráfico de influencias investigada por la Justicia.

El magistrado considera que parte de esos movimientos económicos podrían estar relacionados con el supuesto entramado societario creado para favorecer el rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. De hecho, el juez ha ordenado el bloqueo cautelar de hasta 490.780 euros de las cuentas del expresidente con el objetivo de garantizar posibles responsabilidades civiles derivadas de la causa judicial.

La mujer de Zapatero señalada

Según el auto, una de las empresas clave en las transferencias investigadas es Análisis Relevante, consultora vinculada al empresario Julio Martínez Martínez, también imputado en la causa y considerado una figura próxima al expresidente socialista. Esta sociedad habría transferido a la cuenta compartida entre Zapatero y Sonsoles Espinosa un total de 490.780 euros entre 2020 y 2025.

El documento judicial señala que entre marzo de 2021 y junio de 2025 la consultora realizó pagos por valor de 445.200 euros, a los que se suman otros 29.680 euros transferidos durante el año 2020. La investigación sostiene que dicha consultora estaba financiada por empresas como Plus Ultra, Softgestor y Grupo Aldesa, todas ellas bajo análisis judicial por posibles irregularidades económicas relacionadas con el rescate público de la aerolínea.

No obstante, el auto también recoge que parte de los ingresos recibidos en esa cuenta procederían de actividades profesionales desarrolladas por Zapatero tras abandonar la política activa. Entre ellas se incluyen conferencias internacionales, trabajos de mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico y actividades académicas.

Nuevas empresas en el foco

El juez Calama pone igualmente el foco sobre otras compañías que realizaron importantes transferencias al entorno del expresidente. Entre ellas destaca Thinking Heads Group SL, que habría enviado 649.552 euros mediante 37 transferencias distintas. También figura The Global Analysis & Trends In Emerging Regions, con pagos por valor de 352.980 euros, y Thinking Heads Americas LLC, con otros 31.766 euros.

La investigación judicial relaciona estas sociedades con el empresario Daniel Romero-Abreu Kaup, fundador y presidente de Gate Center. Según el auto, el grupo Thinking Heads habría abonado a Zapatero más de 681.000 euros, mientras que Gate Center habría transferido otros 352.980 euros adicionales.

Las pesquisas también alcanzan al entorno familiar del expresidente. El juez destaca que la sociedad Whathefav, vinculada a las hijas de Zapatero, habría recibido 561.440 euros de la empresa Inteligencia Prospectiva. Además, Gate Center habría transferido otros 171.727 euros a dicha sociedad, mientras que Thinking Heads Group habría realizado pagos adicionales por importe de 12.297 euros.

La resolución judicial considera especialmente llamativo el flujo constante de dinero entre las distintas sociedades investigadas y habla de “una concentración de pagos significativa hacia un reducido núcleo de destinatarios dentro del mismo entorno societario”. El auto añade además que Zapatero figuraba como autorizado en las cuentas personales de sus hijas, lo que, según el magistrado, reforzaría “la conexión operativa entre los distintos actores del entramado”.

José Luis Rodríguez Zapatero deberá declarar como investigado ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. El expresidente ha negado públicamente haber cobrado comisiones ilegales y mantiene que todos los ingresos percibidos responden a actividades profesionales legales y declaradas.

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