El Ministerio niega una orden política mientras la eliminación rompe una serie histórica clave para medir este colectivo laboral
El Ministerio de Trabajo ha achacado a un “criterio técnico” la desaparición del dato de fijos discontinuos inscritos como demandantes de empleo, una estadística que se publicaba de forma ininterrumpida desde 2007 —con registros que se remontan incluso a 2005— y que permitía conocer la evolución de este colectivo durante casi veinte años.
Según recoge elEconomista, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha negado que existiera instrucción alguna desde la cúpula del Ministerio para suprimir esta información, señalando a los responsables técnicos de las estadísticas como autores del cambio.
Ocultismo de Yolanda Díaz
La modificación, aplicada en 2025, introduce una nueva categoría de “ocupados régimen general y autónomos” que diluye por completo la identificación de los fijos discontinuos dentro del grupo de demandantes ocupados o con relación laboral. El resultado práctico es que ya no es posible conocer cuántos de estos trabajadores están inscritos como demandantes, lo que rompe una serie histórica de dos décadas y elimina el único dato oficial disponible sobre ellos.
El contexto ha levantado suspicacias: el cambio llega un año después de que elEconomista revelara la existencia de esta estadística anual, hasta entonces prácticamente desconocida pese a ser pública.
Anuario de Estadísticas Laborales
Además, la metodología del Anuario de Estadísticas Laborales de Trabajo no ofrece explicación alguna sobre las razones del ajuste, pese a que la normativa vigente otorga amplio margen al Gobierno del Sanchismo para definir qué colectivos se incluyen o excluyen del paro registrado.
La decisión del Ministerio de Trabajo contrasta con el origen político de la incorporación de los fijos discontinuos en 2007, impulsada por el entonces ministro Jesús Caldera para mejorar su protección social y responder a críticas sobre posibles “parados ocultos”. Ahora, Trabajo sostiene que el cambio es puramente técnico, aunque tanto el SEPE como el propio Ministerio manejaban estas cifras y llegaron a facilitarlas al Senado en 2023 antes de negar su existencia.
