La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado caso Leire que recabe toda la información bancaria y tributaria del PSOE y del PSC correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. Los investigadores consideran que este periodo resulta clave para esclarecer las presuntas maniobras que se habrían llevado a cabo para interferir en distintos procedimientos judiciales.
Según un oficio fechado el pasado 1 de junio, la UCO solicita al magistrado que requiera a la Agencia Tributaria una amplia batería de datos económicos y patrimoniales relacionados con ambas formaciones políticas. Entre la información requerida figuran las cuentas bancarias donde aparezcan como titulares o autorizados, movimientos de efectivo, bienes inmuebles y muebles, así como posibles relaciones societarias.
La Guardia Civil quiere analizar las cuentas del PSOE y PSC
Los agentes sostienen que la investigación presenta una importante vertiente económica y consideran necesario profundizar en el análisis de los movimientos financieros de las entidades y personas vinculadas al caso.
Además de la información tributaria, la UCO pide al juez que libre requerimientos a diversas entidades financieras para que faciliten de forma directa toda la información disponible sobre movimientos, saldos y operaciones realizadas en las cuentas bancarias relacionadas con el PSOE y el PSC durante los años investigados.
Los investigadores justifican esta petición por la posible utilización de estructuras comerciales y económicas para financiar determinadas actuaciones que forman parte de la causa judicial.
El foco también apunta a una consultora y un despacho de abogados
El oficio remitido al juzgado no se limita a las cuentas de las formaciones políticas. La Guardia Civil también solicita información financiera sobre una consultora y un despacho de abogados que, según las pesquisas, habrían intervenido en operaciones relacionadas con pagos efectuados a Leire Díez.
La investigación pretende determinar el recorrido del dinero y esclarecer si existieron mecanismos de intermediación para canalizar fondos vinculados a las actuaciones que se investigan.
En este contexto, los agentes reclaman igualmente documentación bancaria y tributaria de los responsables de estas sociedades para reconstruir el flujo económico de las operaciones.
La UCO investiga los vínculos entre el PSOE, el PSC y una agencia de publicidad
Otro de los aspectos que centra la atención de los investigadores es la relación comercial entre el PSOE, el PSC y una agencia de medios y publicidad denominada Grupo IKI.
La Guardia Civil considera relevante analizar estas operaciones después de detectar una orden de encargo durante los registros practicados en la sede socialista de Ferraz. Según la investigación, esta agencia habría realizado pagos superiores a 18.000 euros a un medio digital vinculado a Leire Díez en fechas cercanas a otras operaciones publicitarias que también son objeto de análisis.
Los agentes consideran que la coincidencia temporal y económica de estas operaciones justifica una investigación más profunda para determinar si existe alguna conexión entre ellas.
Requerimiento de contratos, facturas y justificantes de pago
Por este motivo, la UCO ha solicitado al juez que requiera al Grupo IKI toda la documentación relacionada con las relaciones comerciales mantenidas con el PSOE y el PSC durante 2024 y 2025.
La petición incluye contratos, facturas, justificantes de pago, informes de resultados y cualquier otro documento que permita reconstruir las operaciones económicas realizadas durante ese periodo.
Asimismo, los investigadores reclaman la misma información respecto a las relaciones comerciales mantenidas entre la agencia publicitaria y el diario digital mencionado en la investigación.
La solicitud de la UCO supone un nuevo paso en el avance del caso Leire, una causa que continúa ampliando su radio de acción y que ahora pone el foco sobre la actividad financiera de distintas entidades, empresas y organizaciones vinculadas a la investigación judicial en curso.
