A menos de dos semanas de las elecciones, una información de El Debate apunta a que Carlos Cuerpo tiene una lista de nueve altos cargos nombrados o mantenidos por Óscar Puente que podrían ser cesados si el juez los imputa. La finalidad que atribuye el periódico a esa maniobra es evitar que una eventual imputación alcance al Gobierno. Si se confirma, no sería una simple reorganización: sería un intento de cortar la cadena de responsabilidades justo cuando la gestión de Transportes se ha convertido en uno de los grandes problemas electorales del PSOE.
Según la investigación de El Debate, funcionarios del Ministerio entregaron el listado a Cuerpo después de que preguntara quiénes podrían ser llamados a declarar, como testigos o investigados. El medio sostiene que el ministro baraja apartar a algunos antes de que tome la decisión un juez. Por ahora, la noticia describe una estrategia atribuida a fuentes del periódico; no afirma que esos nueve cargos hayan sido imputados.
Nueve nombres bajo la sombra de dos investigaciones
Cuatro de los cargos aparecen vinculados a la investigación sobre el accidente ferroviario de Urda, en el que murieron 69 personas. Entre ellos figuran el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; el director general del Sector Ferroviario, Carlos María Juárez, y el responsable de Operaciones y Explotación de Adif, Ángel García de la Bandera.
La investigación judicial examina, entre otros aspectos, la orden de reanudar la circulación y el cumplimiento de los protocolos de seguridad. La información de El Debate señala que esos responsables podrían ser requeridos para explicar el mantenimiento de la vía, las alertas técnicas, los procedimientos operativos y la respuesta ante la emergencia. Que deban declarar no equivale a que sean culpables; precisamente por eso, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió y quién tomó cada decisión.
La segunda causa, que instruye la Audiencia Nacional, investiga 11 adjudicaciones de obra pública por 537,2 millones de euros. El artículo cita a cinco directivos de Transportes y Adif que podrían tener que responder sobre expedientes, valoraciones de ofertas, controles internos y posibles irregularidades. La investigación sigue abierta y las sospechas deberán acreditarse ante los tribunales.
La noticia añade otro dato especialmente grave: Transportes habría encargado la seguridad de la zona del accidente a una empresa sancionada con 17 millones de euros por corrupción. Es una información que exige explicaciones públicas inmediatas, más aún cuando la investigación ferroviaria también analiza contratos y actuaciones relacionadas con la infraestructura. La UCO investiga posibles irregularidades en adjudicaciones de Adif relacionadas con Urda y Adamuz, mientras la Fiscalía Europea ha señalado un posible fraude con fondos europeos en uno de los contratos examinados, según el artículo de El Debate.
La pregunta electoral es quién asumirá las responsabilidades
Óscar Puente ya dejó el Ministerio tras la tragedia de Urda. Ahora, de acuerdo con la información publicada, su sucesor estaría estudiando qué hacer con parte de la cúpula heredada. El Gobierno puede defender que cualquier cambio responde a criterios de gestión, pero si los ceses se anticipan a posibles decisiones judiciales, la sospecha política es inevitable: ¿se está reorganizando Transportes para mejorar su funcionamiento o para que las responsabilidades no lleguen más arriba?
Esa pregunta se suma a las dudas sobre el mantenimiento ferroviario. Un informe interno de Adif había advertido de un déficit de conservación de 780 millones de euros, según la información sobre la advertencia presupuestaria en Adif. Y los correos internos sobre averías repetidas en Urda muestran que la zona ya había registrado incidencias técnicas antes del accidente.
No se puede atribuir una responsabilidad penal sin una resolución judicial. Pero tampoco se puede pedir a los ciudadanos que acepten una cadena de dimisiones, ceses y explicaciones parciales como si bastara con cambiar nombres en el organigrama. El progresismo que presume de transparencia y protección de lo público tiene que demostrarlo cuando las preguntas apuntan a su propia gestión.
En campaña, el PSOE pide el voto para continuar. La oposición y los ciudadanos tienen motivos para exigir respuestas sobre el estado de la red, las decisiones tomadas y los contratos bajo investigación. Si el Ejecutivo considera que no hay nada que ocultar, debería explicar por qué se barajan ceses antes de que los jueces determinen quién debe responder.




















