El PP plantea una reforma para facilitar que quienes abandonaron el País Vasco por la amenaza y la violencia de ETA puedan participar en las elecciones vascas. La propuesta, que Alberto Núñez Feijóo anunciará en Pamplona, pone sobre la mesa una deuda política y moral que la izquierda nacionalista lleva décadas intentando minimizar: hubo ciudadanos que tuvieron que marcharse para salvar la vida, mientras los terroristas y sus cómplices imponían el miedo.
Según El Debate, la medida formaría parte de las 249 propuestas del programa electoral del PP y sería una de las ocho iniciativas que todavía no se habían presentado. El partido la describe como una «ley de nietos vasca», destinada a facilitar la participación electoral de quienes se fueron del País Vasco por el terrorismo de ETA.
La violencia de ETA también vació las urnas
Durante años, miles de personas abandonaron Euskadi bajo la presión de ETA y su entorno. Empresarios extorsionados, cargos públicos amenazados, periodistas señalados y familias enteras que buscaron seguridad lejos de su tierra. No todos pudieron volver. Y muchos de quienes se marcharon perdieron también la posibilidad práctica de influir en el futuro político de la comunidad que tuvieron que dejar atrás.
La iniciativa del PP pretende corregir esa anomalía: que el miedo no siga teniendo efectos políticos décadas después. La propuesta aún deberá concretarse en sus requisitos y mecanismo de aplicación, pero el principio es claro: quienes fueron empujados al exilio interior por el terrorismo no deberían quedar borrados de la vida democrática vasca.
El contraste con la izquierda abertzale resulta inevitable. Mientras el PP propone reconocer a quienes fueron expulsados por ETA, los herederos políticos de aquel mundo siguen teniendo presencia institucional y capacidad de influencia. La memoria democrática no puede convertirse en un relato selectivo que condena unas violencias y suaviza otras cuando conviene a las alianzas del poder.
La memoria no puede servir para blanquear a los verdugos
El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de la memoria una de sus principales banderas políticas. Sin embargo, esa memoria pierde credibilidad cuando se usa con contundencia contra unos y con calculada indulgencia ante quienes todavía no han condenado sin ambigüedades el terror de ETA. No basta con invocar a las víctimas en los discursos: también hay que garantizar que su expulsión no quede convertida en una nota al pie de la historia.
La propuesta llega en plena campaña y Feijóo también tiene previsto acudir a Guipúzcoa tras las agresiones sufridas por militantes del PP en Baracaldo. El líder popular afirmó que «la calle es de todos los españoles» y advirtió a los violentos de que no conseguirán expulsar a nadie. El mensaje conecta dos problemas distintos, pero relacionados: la persecución que obligó a tantos vascos a marcharse y la intimidación política que todavía sufren algunos representantes.
La «ley de nietos» vuelve al centro del debate electoral
La iniciativa vasca se suma a la polémica nacional sobre la Ley de Memoria Democrática y sus efectos en el censo electoral. El Supremo mantiene suspendidos, de forma cautelar y en determinados supuestos, los efectos electorales de algunas inscripciones vinculadas a esa normativa, mientras continúa el procedimiento judicial. La resolución no anula las nacionalidades concedidas ni resuelve definitivamente el fondo del litigio, como explica esta información sobre cómo el Supremo frenó cautelarmente ciertas altas electorales vinculadas a la ley de nietos.
También sigue abierto el debate sobre la aplicación de la norma y las instrucciones administrativas que la desarrollaron. La controversia no demuestra por sí misma que se hayan cometido irregularidades, pero sí obliga a exigir transparencia y respeto a las decisiones judiciales. En democracia, el censo debe ajustarse a la ley y ninguna fuerza política debería tratarlo como una herramienta para alterar el equilibrio electoral.
El PP presenta ahora una propuesta centrada en quienes huyeron de ETA. La izquierda tendrá que explicar si considera suficiente el reconocimiento simbólico de las víctimas o si está dispuesta a respaldar medidas concretas para que los expulsados puedan recuperar voz política en su tierra. Porque mientras se discute quién tiene derecho a invocar la memoria, hay una pregunta que no admite equidistancias: ¿quién se acuerda de los que tuvieron que marcharse para que ETA no los matara?




















