El Tribunal Supremo ha dado este viernes un paso decisivo para impedir que 163.355 personas nacionalizadas al amparo de la llamada ‘ley de nietos’ (Ley de Memoria Democrática) puedan votar en las próximas elecciones. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado expresamente a la Junta Electoral Central que ninguna de estas personas figure como elector, tanto si está inscrita en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) como si reside en España y aparece en el censo ordinario. Sánchez se quede más triste tras este nuevo varapalo.
Hasta ahora, la suspensión cautelar acordada en septiembre y confirmada en octubre se centraba principalmente en las nuevas inscripciones y en los efectos electorales del CERA. Con esta nueva providencia, el alto tribunal cierra también la puerta a quienes, tras obtener la nacionalidad, se hayan empadronado en territorio español. Solo se salvan de la medida las 901 personas que ya han acreditado ser descendientes de exiliados por motivos políticos mediante certificación consular, así como aquellas que logren aportar dicha documentación antes del 29 de noviembre.
Peticiones formuladas por VOX
La decisión responde, entre otras cuestiones, a las peticiones de precisión formuladas por VOX. El Supremo recuerda a la Junta Electoral y a la Oficina del Censo Electoral que deben atenerse a lo ya acordado en los autos de suspensión: ninguna de las 163.355 personas podrá figurar como elector, salvo las excepciones mencionadas.
El tribunal ha declarado además improcedentes el resto de peticiones presentadas por las partes, al considerar que o bien se refieren a recursos ya resueltos o bien corresponden a competencias propias de la Junta Electoral Central.
En paralelo, la Sala ha dado de plazo hasta el lunes a las 15.00 horas para que las partes presenten alegaciones sobre la documentación remitida por el Ministerio del Interior en relación con la aplicación MiDNI, que permite identificarse y votar con el DNI electrónico. Esta cuestión había sido objeto de recurso tras el levantamiento de la suspensión del uso de la aplicación por parte de la Junta Electoral.


























