VOX ha dado un nuevo paso en su ofensiva judicial contra el Gobierno al presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Supremo para que investigue los pactos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez en 2023 gracias al apoyo de Junts y de su líder, Carles Puigdemont.
La iniciativa llega después de las recientes declaraciones del expresidente catalán en una entrevista en la que aseguró que su formación supo aprovechar la necesidad política del líder socialista para arrancar importantes concesiones durante las negociaciones. Según sostiene Vox, esas manifestaciones obligan a esclarecer qué compromisos fueron asumidos realmente por el PSOE y si alguno de ellos pudo rebasar los límites de la legalidad.
En el escrito, la formación liderada por Santiago Abascal solicita a la Fiscalía que abra diligencias de investigación para determinar el alcance de los acuerdos alcanzados entre ambas partes. Los de Abascal consideran especialmente relevantes algunas de las afirmaciones de Puigdemont sobre la negociación de la amnistía y sobre una supuesta oferta de indulto personal que, según el dirigente independentista, habría sido trasladada desde el entorno socialista y que finalmente rechazó.
Sánchez, ZP, Ábalos y Cerdán en el punto de mira
La denuncia apunta también al papel desempeñado por diversas figuras del PSOE durante las conversaciones. En concreto, VOX reclama la comparecencia de Pedro Sánchez, del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, del exministro José Luis Ábalos y del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán para aclarar qué participación tuvieron en las negociaciones y qué compromisos asumieron en nombre del partido.
La formación sostiene que los hechos conocidos hasta ahora podrían justificar la investigación de posibles delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, coacciones, obstrucción a la Justicia, organización criminal o incluso traición, citando diversos preceptos del Código Penal.
Desde VOX consideran que las declaraciones de Puigdemont constituyen una confesión política de gran relevancia sobre las condiciones que rodearon la investidura de Sánchez. Por ello, reclaman que la Fiscalía del Supremo determine si las concesiones realizadas respondieron exclusivamente a decisiones políticas o si, por el contrario, pudieron implicar responsabilidades penales.
La denuncia abre un nuevo frente judicial y político en torno a los acuerdos con el independentismo catalán, convertidos desde el inicio de la legislatura en uno de los principales ejes de confrontación entre el Gobierno y la oposición.


























