El Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero modificó de forma sustancial las condiciones del contrato de las pulseras telemáticas para maltratadores que sacó a concurso en julio de 2023. Los cambios introducidos por el departamento no solo ampliaron el alcance del servicio y elevaron el presupuesto de la licitación, sino que incluyeron nuevas exigencias técnicas que, según trasladó Telefónica al propio ministerio, resultaban inviables con la tecnología que utilizaba hasta ese momento.
La compañía había sido adjudicataria del contrato anterior, firmado en 2021 por 36,7 millones de euros, y era la encargada de gestionar el sistema de seguimiento telemático de agresores condenados por violencia de género. Sin embargo, decidió no presentarse a la nueva licitación después de advertir de que algunos de los requisitos exigidos por Igualdad no podían implementarse con la solución tecnológica que prestaba el servicio.
El principal cambio afectaba a la denominada funcionalidad “multiagresor”, una prestación que permitía vincular varios agresores a una misma víctima mediante un único dispositivo. Según reconoció posteriormente la entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, Telefónica trasladó al ministerio dudas sobre la viabilidad técnica de esa exigencia. La operadora sostenía que la tecnología suministrada por Attenti, una de las empresas de referencia mundial en este sector, no permitía desarrollar esa prestación de forma operativa.
Mantenimiento del requisito
Pese a esas advertencias, Igualdad mantuvo el requisito en los pliegos definitivos. El ministerio justificó la decisión alegando que una mujer con varias órdenes de alejamiento no debía verse obligada a portar distintos dispositivos. Sin embargo, fuentes conocedoras del funcionamiento del sistema señalan que los casos de víctimas con varios agresores simultáneos son excepcionalmente escasos, por lo que consideran que la nueva condición respondía a una necesidad muy poco frecuente.
El concurso terminó provocando la salida de Telefónica del servicio. La licitación recibió únicamente dos propuestas y una de ellas fue retirada poco después de su presentación. Finalmente, el contrato fue adjudicado en octubre de 2023 a una unión temporal de empresas integrada por Vodafone y Securitas por 35,2 millones de euros.
La contratación se tramitó además en fechas especialmente sensibles. Igualdad publicó la licitación apenas tres días antes de las elecciones generales del 23 de julio y formalizó la adjudicación cuando Irene Montero continuaba al frente del ministerio en funciones.
Ahora, aquella adjudicación se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía Europea, que investiga un posible fraude relacionado con fondos comunitarios empleados para la adquisición de los dispositivos. La UCO ya ha solicitado documentación al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas, mientras el organismo fiscalizador cuestionó en un informe reciente la reiterada utilización de la vía de urgencia para contratos que superan los 100 millones de euros en conjunto.

























