El Gobierno de Pedro Sánchez afronta la recta final de la campaña electoral del 29 de noviembre con la preocupación puesta en las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y a personas próximas al presidente. Según publica Vozpópuli, el Ejecutivo habría recurrido a intermediarios para trasladar a varios jueces una petición de prudencia y contención con el objetivo de evitar que nuevas decisiones judiciales alteren el desarrollo de la campaña.
Esta solicitud se habría realizado de manera discreta y al margen de las declaraciones públicas del ministro de Justicia, Félix Bolaños. El pasado viernes, el titular de Justicia defendió la conveniencia de que jueces y fiscales eviten adoptar decisiones de especial trascendencia durante los periodos electorales, apelando a una supuesta práctica tradicional dentro de la Administración de Justicia.
La inquietud del Ejecutivo estaría relacionada con varias investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional y con las diligencias que continúa desarrollando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Algunas de estas actuaciones podrían derivar en nuevas imputaciones o resoluciones judiciales con impacto político antes de la celebración de los comicios.
Desde el Gobierno se considera que determinadas decisiones podrían aplazarse hasta después de las elecciones sin comprometer el desarrollo de las investigaciones. No se trataría, por tanto, de solicitar una paralización de los procedimientos, sino de evitar que determinadas actuaciones judiciales coincidan con los últimos días de campaña.
Félix Bolaños defiende la prudencia judicial durante los periodos electorales
Las declaraciones de Félix Bolaños del pasado viernes sirvieron para poner sobre la mesa el debate acerca de los tiempos judiciales durante las campañas electorales. El ministro defendió que tradicionalmente los tribunales y la Fiscalía habían procurado evitar resoluciones especialmente relevantes en estas fechas, una práctica que calificó de prudente y razonable.
Sin embargo, no existe ninguna obligación legal que impida a los jueces continuar con sus investigaciones o adoptar resoluciones durante un proceso electoral. Se trata de una práctica que algunos órganos judiciales han seguido en determinadas ocasiones, aunque no se ha aplicado de manera uniforme.
Un ejemplo de ello fue la investigación judicial relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que registró nuevas actuaciones en los días previos a las elecciones europeas de junio de 2024.
La información publicada sobre los contactos con distintos magistrados apunta a que la petición del Ejecutivo no se habría limitado a una recomendación pública. Según las fuentes consultadas por Vozpópuli, también se habrían producido gestiones indirectas para trasladar ese mensaje a los responsables de diferentes procedimientos.
En cualquier caso, queda por determinar si estas conversaciones han tenido alguna influencia en el calendario de las investigaciones, ya que las decisiones procesales corresponden a los jueces instructores.
Las investigaciones judiciales que preocupan al PSOE antes del 29-N
Uno de los procedimientos que concentra la atención del Gobierno es el que dirige el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. El juez ha solicitado al PSOE información sobre los contratos firmados con despachos de abogados y empresas consultoras entre 2021 y 2025.
El objetivo de este requerimiento es esclarecer determinados pagos relacionados con la presunta trama en la que aparecen los nombres de Leire Díez y Santos Cerdán.
El plazo concedido al partido para entregar la documentación finalizaba este lunes. Sin embargo, los servicios jurídicos de la formación habían alegado dificultades para reunir todos los documentos solicitados debido a las circunstancias de la campaña electoral.
El magistrado rechazó esta justificación y recordó que las obligaciones de colaboración con la Justicia deben cumplirse independientemente de la actividad interna de una organización política. Además, pidió al PSOE que identificara qué documentos podían estar amparados por el secreto profesional, uno de los argumentos utilizados para justificar el retraso en la entrega.
En este mismo procedimiento, Pedraz ha decidido posponer hasta después de las elecciones del 29 de noviembre una posible imputación de Juan Francisco Serrano, antiguo colaborador de Santos Cerdán.
Su nombre aparece en las comunicaciones examinadas por la UCO y el instructor ya había apreciado indicios de una posible colaboración puntual con algunas de las personas investigadas. No obstante, no consta que la decisión de aplazar esta eventual actuación esté relacionada con las gestiones atribuidas al Gobierno.
El caso Koldo y otras investigaciones aumentan la presión sobre el Ejecutivo
Las preocupaciones del Gobierno no se centran exclusivamente en la investigación relacionada con Leire Díez y Santos Cerdán. El Ejecutivo también sigue de cerca las posibles derivadas del caso Koldo, las actuaciones judiciales sobre Plus Ultra y las investigaciones vinculadas a los acontecimientos de Ceuta.
A estas causas se suman las últimas diligencias de la Guardia Civil. Durante la semana pasada, agentes de la Unidad Central Operativa acudieron al Tribunal de Cuentas para solicitar documentación relacionada con las donaciones recibidas por el PSOE entre 2017 y 2024.
También han generado repercusión los mensajes atribuidos al empresario Cristian Corvillo, en los que se hacía referencia a una supuesta reunión con Pedro Sánchez celebrada en 2023. El Gobierno, por su parte, niega que ese encuentro tuviera lugar.
La acumulación de estas informaciones y actuaciones judiciales coincide con un momento especialmente importante para la estrategia electoral socialista. La sucesión de noticias relacionadas con posibles irregularidades dificulta que el partido centre toda la atención pública en sus propuestas económicas y sociales.
Sánchez intensifica la actividad del Gobierno antes de las elecciones
En paralelo a la evolución de los procedimientos judiciales, Pedro Sánchez ha incrementado la actividad del Consejo de Ministros con el objetivo de aprobar nuevas medidas e iniciativas antes de la cita electoral del 29 de noviembre.
El presidente también tiene pendiente una decisión sobre el posible indulto al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. En este asunto, el Ejecutivo dispone de mayor margen para decidir cuándo adoptar una resolución, incluso después de las elecciones.
No sería la primera vez que un Gobierno aplaza una decisión de este tipo hasta después de unos comicios. En 2011, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, se concedió el indulto al banquero Alfredo Sáenz después de las elecciones generales.
Mientras tanto, el PSOE afronta los últimos días de campaña pendiente de la evolución de las investigaciones judiciales que afectan a su entorno. La posibilidad de que se produzcan nuevas diligencias, declaraciones o decisiones de los tribunales mantiene la atención política centrada en los procedimientos abiertos y en sus posibles consecuencias antes de las elecciones generales.






















