El Gobierno de Pedro Sánchez ha incorporado una nueva ayuda al retorno al reglamento sobre los españoles residentes en el extranjero, aprobado mediante el Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre. La medida llega en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre y podrá beneficiar a personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como Ley de Nietos, siempre que cumplan los requisitos pendientes de desarrollo. El Ejecutivo contempla pagos de entre 4.000 y 7.600 euros para facilitar su establecimiento definitivo en España.
La ayuda al retorno llega en pleno conflicto por el voto de los nacionalizados
La decisión del Ejecutivo coincide con la controversia judicial sobre la participación electoral de miles de españoles que consiguieron la nacionalidad gracias a la Ley de Memoria Democrática. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho al voto de 163.355 nacionalizados, salvo que acrediten documentalmente su condición de descendientes de exiliados.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores a la Agencia EFE el pasado 28 de octubre, solo 901 personas de ese listado disponían entonces de los certificados consulares necesarios para acogerse a la excepción establecida por el alto tribunal.
La resolución judicial afecta a su participación en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. No supone, por sí misma, la pérdida de la nacionalidad española ni determina su posible acceso a las futuras ayudas económicas. El Supremo también rechazó extender esta suspensión a los hijos de los nacionalizados afectados, en respuesta a las medidas solicitadas por Vox.
Hasta 7.600 euros para quienes establezcan su residencia en España
La prestación figura en la disposición final primera del nuevo Reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 9 de noviembre. El texto fija una cuantía básica de 4.000 euros por beneficiario individual, que podrá incrementarse hasta los 7.600 euros para unidades familiares con tres o más familiares a cargo.
La futura regulación estará dirigida a españoles de origen que residan en el extranjero, tengan entre 18 y 65 años y se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica. También establece una atención especial para las españolas víctimas de violencia contra las mujeres.
El Gobierno deberá aprobar las normas que determinen los límites económicos, el procedimiento de concesión, las incompatibilidades y las obligaciones de los beneficiarios. El decreto entrará en vigor el 29 de noviembre de 2026 y concede al Ejecutivo un plazo máximo de un año desde esa fecha para aprobar la regulación de la ayuda.
La Ley de Nietos amplía el número de posibles beneficiarios
El nuevo reglamento reconoce la condición de retornado no solo a los españoles que anteriormente vivieron en España y deciden regresar. También incluye a los españoles de origen nacidos fuera del territorio nacional que se trasladen por primera vez al país para establecer su residencia de manera definitiva, abriendo la posibilidad que personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Nietos accedan a la futura prestación.
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 contempla distintas vías para adquirir la nacionalidad española. Entre ellas figuran determinados descendientes de españoles, hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución y descendientes mayores de edad de personas que adquirieron la nacionalidad mediante procedimientos anteriores.
La aplicación de esta legislación también ha generado controversia por las instrucciones administrativas que desarrollaron sus supuestos de acceso a la nacionalidad. Los interesados deberán cumplir las condiciones económicas, familiares y administrativas que establezca la futura regulación.
El Gobierno tendrá un año para regular la ayuda al retorno
El Gobierno de Sánchez deberá concretar durante el próximo año quién puede recibir los fondos públicos y qué documentación tendrá que presentar para acreditar su situación económica y su traslado definitivo a España.
El reglamento también incorpora la figura del retornado nacido en el extranjero y establece el empadronamiento histórico como medio para acreditar la residencia definitiva.
La norma forma parte del desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, aprobado originalmente en 2006. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la nueva regulación pretende actualizar el marco de atención a los más de 3,2 millones de españoles residentes fuera de España.
