Adif pidió a Thales que rebajara su oferta para un sistema destinado a mejorar la seguridad de la línea Madrid-Sevilla y acabó adjudicándole el contrato por 21,2 millones de euros, 1,8 millones menos de lo que la empresa había planteado inicialmente. Así lo publica OKDIARIO, que añade que el contrato se modificó en junio de 2026, aunque Adif no habría detallado qué cambios se hicieron.
El dato adquiere relevancia política porque el sistema debía detectar objetos en la vía para evitar colisiones o descarrilamientos, y la línea Madrid-Sevilla está ahora bajo escrutinio tras el accidente de Urda. Pero la rebaja, por sí sola, no demuestra que el precio causara un fallo ni que exista responsabilidad penal. Lo que sí exige es una explicación transparente sobre qué se contrató, qué se instaló y por qué el proyecto seguía sin completarse.
Adif pidió dos rebajas a la empresa adjudicataria
Según la información de OKDIARIO, el contrato se licitó en 2022 con un presupuesto base de 23,5 millones de euros, sin impuestos, y se adjudicó mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Thales presentó primero una oferta de 23,1 millones. Adif le pidió una «optimización» económica y luego solicitó una segunda rebaja: la oferta final quedó en 21,2 millones.
El sistema de detección de caída de objetos se justificó como una mejora de la «seguridad y fiabilidad» ferroviarias. La pregunta que el Gobierno debe responder ahora es concreta: ¿qué alcance tuvo finalmente el contrato y qué modificaciones introdujo Adif en junio de 2026?
La revisión de contratos de Adif adjudicados a Thales ya había señalado deficiencias administrativas en otros expedientes vinculados a la modernización de la misma línea. El Tribunal de Cuentas no estableció que esas deficiencias causaran el accidente ni acreditó conflictos de intereses, pero el conjunto de contratos y retrasos merece una explicación completa.
El sistema LZB seguía en servicio mientras se esperaba el ERTMS
Thales también recibió en 2021 el contrato para renovar la señalización de la línea. Según OKDIARIO, su oferta fue un 28,45 % inferior al presupuesto inicial y Adif pidió que justificara el precio. El contrato tenía un plazo de 52 meses; sin embargo, en enero de 2026 el Ministerio todavía describía la implantación del ERTMS como «en curso», mientras el sistema LZB seguía funcionando.
La modernización de la seguridad ferroviaria en la línea Madrid-Sevilla deberá ser examinada para determinar qué trabajos estaban terminados, qué equipos estaban operativos y qué quedaba pendiente en el tramo de Urda. Hasta que se conozcan esos datos, no es riguroso atribuir el accidente a una rebaja contractual concreta.
Fondos europeos y una investigación que exige luz
Los contratos citados fueron financiados con fondos europeos. La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre un posible fraude en la utilización de esos fondos para renovar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y ha solicitado información a Adif, al Tribunal de Cuentas y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, informa OKDIARIO. Se trata de una investigación abierta: todavía no acredita que haya habido fraude ni que exista relación causal con el accidente.
El Gobierno debe publicar la modificación del contrato, aclarar qué obras se ejecutaron y explicar el calendario de sustitución del LZB por el ERTMS. En una infraestructura que transporta a miles de viajeros, la transparencia no puede depender de filtraciones periodísticas ni llegar solo después de una tragedia.
En plena campaña, el PSOE presume de gestión y de inversión pública. Pero cuando una línea de alta velocidad acumula contratos bajo investigación, sistemas pendientes de renovación y preguntas sobre el coste y el alcance de las obras, los ciudadanos tienen derecho a algo más que eslóganes: documentos, fechas y responsabilidades políticas claras.






















