A menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Tribunal Supremo ha cerrado una de las principales incógnitas que sobrevolaban el proceso electoral. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido mantener el derecho de voto de los hijos e hijas de las personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como Ley de Nietos, rechazando así el recurso presentado por VOX contra una decisión anterior del propio tribunal.
La resolución supone que cerca de 190.000 ciudadanos incluidos en el censo electoral podrán votar finalmente en los comicios del 29-N. La decisión tiene especial relevancia por el volumen de electores afectados y por el estrecho margen temporal existente antes de la apertura del proceso de votación en consulados y oficinas electorales en el exterior.
Los magistrados consideran que cualquier intento de excluir ahora a estos ciudadanos del censo provocaría una grave alteración del calendario electoral y podría comprometer la seguridad jurídica del proceso. Según argumenta la mayoría de la Sala, ya no existe tiempo material suficiente para identificar a todos los afectados, revisar individualmente sus expedientes, permitir la presentación de alegaciones y resolver las posibles reclamaciones antes de la jornada electoral.
Proceso electoral muy avanzado
El Supremo recuerda que la petición llegó cuando el proceso electoral se encontraba ya muy avanzado y cuando buena parte de los trámites previos a la votación estaban en marcha. Por ello, concluye que una modificación de última hora del censo podría generar más problemas que los que pretende resolver y acabar afectando a la estabilidad de las elecciones.
La controversia tiene su origen en las impugnaciones presentadas contra determinadas inscripciones derivadas de la Ley de Memoria Democrática. Los recurrentes sostenían que algunos descendientes habían sido incorporados al censo a partir de expedientes cuya validez debía examinarse con mayor profundidad. Sin embargo, el Alto Tribunal ha optado por priorizar la seguridad jurídica y la protección de los derechos electorales mientras se resuelven las cuestiones de fondo.
No obstante, la decisión no ha sido unánime. Uno de los magistrados ha emitido un voto particular en el que defiende que sí era posible ampliar la suspensión cautelar y revisar con carácter urgente la situación de estos electores. A su juicio, las administraciones disponían de medios suficientes para identificar los casos afectados y garantizar la corrección del censo antes de las elecciones.
Pese a esa discrepancia, la resolución mayoritaria consolida un escenario ya prácticamente asumido por las autoridades electorales: los cerca de 190.000 descendientes afectados conservarán su derecho a depositar su papeleta el próximo 29 de noviembre. De esta forma, el Supremo pone fin, al menos de manera provisional, a una batalla judicial que amenazaba con alterar el censo en plena recta final de la campaña y evita una modificación de gran alcance cuando el reloj electoral ya corre contra el calendario.

























