El Tribunal Supremo ha concedido un plazo de 48 horas al Gobierno para demostrar que los 61.603 dispositivos destinados a verificar el DNI digital cumplen los requisitos de seguridad establecidos por la normativa vigente. Los equipos están previstos para su utilización en las mesas electorales durante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La decisión judicial obliga al Ministerio del Interior a presentar garantías sobre el funcionamiento y la seguridad de los terminales que permitirán comprobar la identidad de los votantes mediante los códigos QR de la aplicación MiDNI.
El Tribunal Supremo reclama pruebas sobre la seguridad de los dispositivos MiDNI
La resolución se ha adoptado mediante una providencia fechada el martes 17 de noviembre por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.
En ella, los magistrados requieren a la directora general de Política Interior para que certifique, bajo su responsabilidad, si los dispositivos contratados han superado las comprobaciones de seguridad contempladas en el artículo 22 del Real Decreto 311/2022, correspondiente al Esquema Nacional de Seguridad.
El plazo establecido es de dos días desde que se produzca la notificación judicial. En caso de que el Ministerio del Interior confirme que se han llevado a cabo las verificaciones exigidas, también tendrá que entregar los documentos que respalden dicha certificación.
Un contrato de más de siete millones de euros para los lectores del DNI digital
El requerimiento del Supremo se produce después de que distintas informaciones publicadas por El Debate hayan puesto el foco en las posibles vulnerabilidades de los dispositivos destinados a verificar la identidad de los electores.
Para desplegar este sistema, el Gobierno adjudicó a Telefónica Defensa y Seguridad un contrato de emergencia valorado en 7.000.455 euros. El acuerdo contempla el alquiler de 61.603 terminales que se distribuirán para su utilización durante la jornada electoral.
Una de las principales cuestiones que se encuentran bajo análisis es si estos equipos cuentan con todas las garantías técnicas necesarias para desempeñar su función en las mesas electorales.
Las dudas sobre la seguridad de MiDNI y la verificación de los códigos QR
El debate se centra en una cuestión técnica importante: que la aplicación MiDNI disponga de medidas de seguridad no significa necesariamente que los dispositivos externos utilizados para leer y verificar sus códigos QR hayan pasado las auditorías correspondientes.
Por este motivo, el Tribunal Supremo no se ha limitado a solicitar información sobre las características técnicas anunciadas por los fabricantes. También quiere conocer qué controles y verificaciones se han realizado efectivamente sobre los terminales después de su contratación.
De esta manera, el Gobierno deberá acreditar documentalmente que los lectores cumplen las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad y que han sido sometidos a las comprobaciones previstas en la legislación.
El Gobierno deberá responder antes de las elecciones generales del 29 de noviembre
El requerimiento judicial llega a menos de dos semanas de la celebración de los comicios generales. En este escenario, el Ejecutivo tendrá que justificar las condiciones de seguridad de los dispositivos previstos para verificar la identidad de los ciudadanos que acudan a votar utilizando el DNI digital.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo continúa estudiando las medidas cautelares planteadas en relación con el uso de MiDNI durante el proceso electoral.
Por ahora, el Alto Tribunal no ha acordado suspender la utilización del DNI digital en las elecciones del 29-N. Sin embargo, sí ha exigido al Ministerio del Interior que aporte pruebas y documentación que permitan comprobar que los 61.603 terminales contratados reúnen las garantías de seguridad necesarias.






















