Ada Colau hizo de la vivienda una de sus grandes banderas políticas. Pero entre 2015 y 2023, los años en que gobernó Barcelona, el precio medio de la vivienda de segunda mano subió un 45,5 % y el alquiler medio de los nuevos contratos aumentó un 54,6 %, según los datos citados por The Objective. Un balance incómodo para la candidata del Frente Amplio, que ahora propone más controles e intervenciones sobre el mercado.
El precio medio de compraventa pasó de 2.933,7 euros por metro cuadrado en 2015 a 4.267,7 euros en 2023, según la serie del Instituto Metrópoli basada en datos del Colegio de Registradores. En alquiler, la renta media de los nuevos contratos subió de 734,94 a 1.136,40 euros mensuales, de acuerdo con las estadísticas de Idescat y las fianzas depositadas en el Incasòl. Son cifras de contratos firmados cada año, no una subida aplicada a todos los inquilinos de Barcelona.
Más regulación y menos vivienda disponible
Una de las medidas más controvertidas del mandato de Colau fue obligar a reservar el 30 % de la superficie residencial para vivienda protegida en determinadas promociones y grandes rehabilitaciones. El Ayuntamiento defendió que así aumentaría la oferta asequible; promotores y constructores advirtieron de que la obligación podía reducir la rentabilidad de los proyectos y desviar inversiones a otros municipios.
En 2022, Barcelona registró 1.454 proyectos de vivienda visados, un 48 % menos que el año anterior, según los datos del Colegio de Arquitectos citados por The Objective. El sector atribuyó parte del retroceso a la reserva del 30 %, aunque también influyeron factores como el encarecimiento de los materiales, la inflación y los tipos de interés. No se puede cargar toda la caída a una sola norma, pero el resultado tampoco avala que la política municipal lograra ampliar con fuerza la construcción.
Colau vuelve a prometer vivienda con el mismo recetario
Ahora, el Frente Amplio propone renovar automáticamente contratos, regular alquileres de temporada y por habitaciones, limitar compras de fondos y grandes propietarios, imponer cargas a las viviendas que no se destinen al alquiler asequible y recurrir a la expropiación.
El problema es que la experiencia de Barcelona deja una pregunta elemental: si el intervencionismo no impidió que los precios se dispararan durante sus dos mandatos, ¿por qué habría de funcionar ahora extendido a toda España? El sector inmobiliario sostuvo que la acumulación de restricciones reducía la oferta y generaba inseguridad para invertir. La alcaldía defendía que buscaba combatir la especulación y garantizar el derecho a la vivienda; ocho años después, el acceso a un piso seguía siendo uno de los grandes problemas de la ciudad.
La polémica sobre la reserva del 30 % de vivienda protegida vuelve al debate en esta campaña. Sus críticos señalan que la medida habría incorporado apenas 34 pisos asequibles en seis años, según el recuento publicado por La Vanguardia. Si se pretende presentar ese modelo como solución nacional, hace falta explicar primero por qué sus resultados en Barcelona quedaron tan lejos de las promesas.
El balance que la candidata tendrá que defender
Los datos de precios no demuestran por sí solos que las políticas de Colau causaran todo el encarecimiento: la vivienda depende también de la demanda, los tipos de interés, la economía y la oferta disponible. Pero sí permiten contrastar la promesa con el resultado: vivienda más cara y un mercado de alquiler que acabó con rentas medias de nuevos contratos por encima de los 1.100 euros mensuales.
En campaña, Colau vuelve a ofrecer más regulación como respuesta a la crisis. Su gestión en Barcelona deja una incógnita difícil de esquivar: si ocho años de ese modelo coincidieron con fuertes subidas de precios y una caída de los proyectos visados, ¿qué garantías hay de que repetirlo en toda España no reduzca todavía más la oferta?




















