El Tribunal Supremo ha dado un nuevo golpe de atención al Gobierno en plena recta final de la campaña electoral. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una providencia en la que exige al Ejecutivo que acredite, en un plazo de dos días, si los 61.603 dispositivos que se utilizarán para votar con el DNI digital el próximo 29N han pasado los controles de seguridad exigidos por la normativa vigente.
Según adelantó El Debate, el alto tribunal exige a la directora general de Política Interior del Ministerio del Interior que certifique, bajo su responsabilidad, si los terminales fueron sometidos a los controles establecidos en el artículo 22 del Real Decreto 311/2022, que regula el Esquema Nacional de Seguridad. En caso de que el Gobierno asegure que dichos controles se realizaron, deberá además aportar la documentación técnica que lo acredite.
Una exigencia que llega a solo doce días de las elecciones
El plazo fijado por el Supremo se cumple apenas doce días antes de la jornada electoral del 29 de noviembre, lo que añade presión sobre un Ejecutivo que ya arrastra varias polémicas en torno al uso del DNI digital como método de identificación en los colegios electorales.
La petición responde al recurso presentado por Iustitia Europa, la formación liderada por el abogado Luis María Pardo, que impugnó judicialmente el uso del DNI digital en estas elecciones. Pardo ha calificado la decisión del Supremo como un primer paso hacia la exigencia de garantías reales para la identificación de los votantes, y ha presentado además un informe pericial elaborado por un ingeniero especializado en ciberseguridad centrado en las garantías de autenticidad del sistema MiDNI.
En LaBandera.es ya informamos de que el Gobierno moviliza más de 60.000 lectores QR para votar con el DNI digital el 29N, un despliegue que ahora queda bajo la lupa del Tribunal Supremo.
Un contrato de urgencia firmado en plena polémica por Urda
El dispositivo depende de un contrato de emergencia por valor de 7.000.455 euros adjudicado a Telefónica Defensa y Seguridad para el alquiler de los 61.603 terminales que se repartirán por los colegios electorales. La orden se publicó en el BOE el pasado 3 de noviembre, coincidiendo con el luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, lo que ya generó críticas en su momento por el momento elegido para tramitarlo.
Según los expertos en seguridad digital consultados por El Debate, Ignacio Alamillo y Julián Inza, el principal riesgo no reside en la aplicación MiDNI en sí misma, sino en la gestión de los propios terminales que verifican los códigos QR de los votantes, una distinción que resulta clave para entender el alcance real de la exigencia judicial.
El Gobierno, contra las cuerdas en la recta final de campaña
La providencia del Supremo no bloquea, por el momento, el uso de los dispositivos en la jornada electoral, pero obliga al Gobierno a demostrar documentalmente que el sistema cumple con las garantías exigidas por la ley. De no poder acreditarlo en el plazo fijado, el escándalo podría escalar en unos días decisivos para el desenlace de las elecciones del 29N, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez obligado a dar explicaciones sobre un sistema de votación que ha generado dudas desde su anuncio.
Iustitia Europa ha solicitado además, de forma complementaria, el expediente completo de la contratación de emergencia, la identidad de los fabricantes, las especificaciones técnicas y los resultados de las pruebas de seguridad realizadas, una petición que todavía no ha sido resuelta por el tribunal.
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