España estrena una nueva obligación legal para las empresas en materia de transparencia salarial. El Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, publicado en el BOE el pasado 18 de noviembre, modifica el Estatuto de los Trabajadores y otras normas laborales para completar la transposición de varias directivas europeas sobre condiciones laborales transparentes y transparencia retributiva.
El salario, obligatorio en las ofertas de empleo
La principal novedad de la norma es que, a partir de ahora, las ofertas de empleo deberán incluir la retribución inicial del puesto ofertado, una medida que busca acabar con la opacidad salarial que ha caracterizado tradicionalmente al mercado laboral español, donde buena parte de las ofertas se publican sin especificar ningún rango retributivo.
El decreto también refuerza la obligación de las empresas de informar a los trabajadores sobre los elementos esenciales de su contrato, ampliando así las garantías de transparencia tanto en el proceso de selección como ya durante la relación laboral.
Las empresas de 50 o más empleados, obligadas a informar de la brecha salarial
Otra de las claves del nuevo marco normativo afecta a las empresas de 50 o más trabajadores, que a partir de ahora deberán informar de forma obligatoria sobre su brecha retributiva de género, es decir, la diferencia salarial media entre hombres y mujeres dentro de la compañía.
El decreto amplía además las obligaciones de auditoría laboral y de valoración de los puestos de trabajo, buscando que las empresas puedan justificar de forma objetiva las diferencias salariales existentes entre distintos perfiles profesionales, más allá del género.
Una garantía de indemnidad frente a represalias
La norma incorpora de forma expresa una garantía de indemnidad, es decir, una protección legal frente a posibles represalias contra los trabajadores que reclamen información salarial o denuncien irregularidades en materia de transparencia retributiva. Esta protección busca evitar que los empleados se vean disuadidos de ejercer sus derechos por miedo a sufrir consecuencias negativas en su puesto de trabajo.
El Real Decreto-ley modifica, entre otras normas, el propio Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva, la Ley 3/2023 de Empleo y el Real Decreto 723/2026, consolidando así un marco jurídico mucho más exigente en materia de transparencia salarial que el que existía hasta ahora.
Un contexto de creciente presión regulatoria sobre las empresas
La nueva normativa llega en un contexto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido incrementando progresivamente las exigencias regulatorias sobre las empresas españolas, en paralelo a otras medidas como la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional. En LaBandera.es ya informamos de que el Gobierno aprobó por decreto una subida del SMI del 5,3%, hasta los 1.286 euros al mes, una decisión que se suma ahora a esta nueva obligación de transparencia salarial.
Desde sectores empresariales se ha advertido de que este tipo de obligaciones, aunque loables en su objetivo de reducir la desigualdad salarial, suponen una carga administrativa adicional para las pymes, que deberán adaptar sus procesos de contratación y sus políticas retributivas a un marco normativo cada vez más complejo y exigente, en un momento de incertidumbre económica generalizada.
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