La situación de Plus Ultra ha terminado por confirmar lo que durante años fue objeto de polémica política y judicial. La propia cúpula de la aerolínea ya admite internamente que resulta imposible devolver los 53 millones de euros del rescate concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en plena pandemia, una operación que salió adelante gracias a la decisiva intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo ha adelantado OkDiario.
La compañía, que apenas mantiene actividad más allá de algunos vuelos con destino a Venezuela, atraviesa una situación crítica. Tras acogerse al preconcurso de acreedores, reconoce un agujero financiero superior a los 76 millones de euros, una cifra que hace prácticamente inviable la devolución de los fondos públicos recibidos.
El rescate, aprobado en 2021 por valor de 53 millones de euros entre préstamos y créditos participativos, fue presentado por el Gobierno como una medida imprescindible para preservar una empresa estratégica. Sin embargo, aquella calificación siempre estuvo rodeada de controversia debido a las reducidas dimensiones de la compañía, que operaba con apenas cuatro aviones alquilados.
Deterioro de Plus Ultra
Las cuentas de Plus Ultra reflejan el deterioro progresivo de la empresa. A los 45 millones de pérdidas acumuladas registrados hasta el pasado ejercicio se suman otros 31 millones de resultado negativo en el actual ejercicio fiscal. Como consecuencia, la aerolínea ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a una plantilla de 679 trabajadores.
La delicada situación financiera también ha obligado a renegociar varias veces las condiciones de devolución del préstamo público. Plus Ultra logró incluso aplazar el pago de una primera deuda de 19 millones con el visto bueno de la SEPI. Mientras tanto, los intereses continúan acumulándose, elevando aún más la factura que deberá afrontar la compañía.
Sobre el papel, el Estado podría quedarse con el 51% del capital social de la empresa en caso de impago. Sin embargo, esa garantía tiene hoy un valor más simbólico que real. Con una aerolínea prácticamente paralizada y hundida en números rojos, la toma de control difícilmente permitiría recuperar el dinero aportado por los contribuyentes.
Todo ello sucede mientras la Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias que rodearon el rescate. En los próximos días están previstas nuevas declaraciones de antiguos responsables de la SEPI y de la compañía aérea, en una causa que también ha situado bajo el foco al entorno de Zapatero. Mientras avanza la investigación, una conclusión parece abrirse paso: los 53 millones del rescate tienen cada vez menos posibilidades de volver a las arcas públicas.
























