La crisis de las pulseras telemáticas de vigilancia para agresores de violencia de género amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de la gestión del Ministerio de Igualdad. Una grabación difundida en los últimos días revela que la ministra Ana Redondo reconoció en privado que el sistema presentaba fallos estructurales, pese a que públicamente el Gobierno sostuvo durante meses un mensaje de tranquilidad y anunció únicamente mejoras futuras.
Según el contenido conocido de aquella reunión celebrada en noviembre de 2025, Redondo asumió que el modelo de vigilancia basado en la geolocalización tenía problemas de funcionamiento que afectaban precisamente a su misión principal: proteger a las víctimas y alertar ante posibles acercamientos de sus agresores. La frase más comprometida atribuida a la ministra fue contundente: el sistema, según admitió, “falla en la esencia”.
Graves defectos del sistema
La revelación cobra especial relevancia porque las advertencias no procedían únicamente de técnicos o empresas adjudicatarias. Agentes especializados llevaban tiempo denunciando incidencias relacionadas con errores de ubicación, interrupciones del servicio y alertas que no se activaban cuando víctima y agresor llegaban a coincidir físicamente.
A estas denuncias se sumaron posteriormente observaciones del Tribunal de Cuentas y advertencias de la Fiscalía sobre deficiencias que podían afectar a procedimientos judiciales. Diversos informes señalaron problemas en la conservación de datos históricos, incidencias técnicas recurrentes y dificultades para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos.
El caso adquiere una dimensión aún mayor por el volumen de dinero público comprometido. Los contratos analizados superan los 102 millones de euros y parte de la financiación procede de fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación. Precisamente por ello, la Fiscalía Europea mantiene abiertas diligencias para analizar la gestión de estos recursos, mientras la Unidad Central Operativa (UCO) ha recopilado documentación relacionada con el sistema.
Por el momento no existe ninguna resolución que determine responsabilidades penales. Sin embargo, el debate político se centra ahora en la posible responsabilidad de quienes conocían los problemas y, aun así, no trasladaron públicamente la gravedad de las deficiencias detectadas.
La oposición considera especialmente grave la contradicción entre las declaraciones privadas de la ministra y el discurso oficial mantenido por el Ejecutivo. A juicio de sus críticos, si el propio Ministerio admitía internamente que las pulseras presentaban fallos en elementos esenciales de seguridad, resultaba imprescindible adoptar medidas urgentes y ofrecer explicaciones transparentes sobre los riesgos existentes.
Mientras avanzan las investigaciones, la polémica trasciende la mera gestión administrativa. La cuestión de fondo es si un sistema diseñado para proteger a mujeres amenazadas funcionó durante años con fallos conocidos por las autoridades responsables. Una pregunta que ahora amenaza con perseguir al Gobierno en plena recta final de la campaña electoral.
























