El Consejo de Ministros aprobará este martes la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, que crecerá un 5,3% hasta alcanzar los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas, lo que equivale a 18.004 euros anuales y 42,87 euros diarios. Así lo ha confirmado este lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha decidido no esperar al resultado de las elecciones generales y situar el incremento cuatro décimas por encima del 4,9% que recomendaba el comité de expertos.
En declaraciones a La Sexta, Díaz ha defendido que el salario mínimo es la «mejor herramienta para reducir la pobreza laboral» y ha instado a trasladar este impulso al resto de remuneraciones a través de los convenios colectivos. Asimismo, la ministra ha garantizado que la subida llegará íntegra a los bolsillos de los trabajadores al quedar exenta de tributar en el IRPF, para lo cual la deducción por rendimientos del trabajo escalará desde los 590,89 euros vigentes hasta los 1.033,66 euros.
Por otro lado, el anuncio ha reavivado el malestar de la patronal. Desde la CEOE advierten de que el tejido productivo no puede absorber un encarecimiento de este calibre en un contexto marcado por el repunte de costes derivado del conflicto en Oriente Medio y el alza acumulada de las cotizaciones sociales. Su presidente, Antonio Garamendi, ha reclamado poner el foco en pequeños negocios como panaderías, tiendas o bares, que son los que soportan en mayor medida el pago del SMI, y ha lamentado la falta de deflactación de la tarifa del IRPF.
Más despidos en las pymes
En esta línea, los empresarios alertan de que los sucesivos incrementos ya están pasando factura a las pymes: el 45% ha visto mermados sus márgenes comerciales, el 33% ha tenido que trasladarlo a los precios y un 24% ha optado por congelar contrataciones, mientras que un 12% asegura haber efectuado despidos para cuadrar sus cuentas.
Finalmente, el impacto de la medida también se dejará sentir en la recaudación tributaria. Según las estimaciones del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), elevar la deducción hasta los 1.033 euros —aplicándola de forma decreciente hasta los sueldos de 23.172 euros para evitar el denominado error de salto— supondrá un desembolso cercano a los 1.100 millones de euros para el erario público, alrededor de 700 millones más que en el ejercicio anterior.























