‘Han desoído a analistas y expertos del sector inmobiliario, a promotores, constructores, propietarios, inquilinos y a víctimas de la ocupación’, advierte el portavoz de Vox
El portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha desgranado las consecuencias que la ley de vivienda tendrá sobre los sectores más vulnerables de la población:
“Desplome de la oferta, precios de la vivienda del alquiler disparados, consolidación del mercado negro, amparo de la ocupación, deterioro de la seguridad jurídica, penalización de la inversión y condena, a la postre, de las clases medias a las que se está haciendo imposible acceder a una vivienda”, advirtió Espinosa en la comparecencia de prensa tras el Pleno.
Iván Espinosa anticipó que “introducir más cargas, menos seguridad jurídica y la desprotección de arrendadores derivará en un casting aún más exigente de inquilinos”. En consecuencia, “los más perjudicados serán los autónomos, los trabajadores con empleos menos estables o nóminas más bajas, los jóvenes o las familias con más hijos, es decir, los más vulnerables, que son siempre las primeras víctimas de la izquierda cuando gobierna”.
Datos demoledores y contracción y encarecimiento del mercado
Iván Espinosa relató que el gobierno y sus socios han elaborado una ley “tremendamente contraproducente” en cuya creación “han desoído a analistas y expertos del sector inmobiliario, a promotores, constructores, propietarios, inquilinos y a víctimas de la ocupación y de la inquiocupación”, resaltó.
El diputado aseveró que la ley de vivienda sanchista “bendice la ocupación porque dificulta el proceso de recuperación de la vivienda y consolida España como un país paraíso para los ocupas”.
Espinosa añadió los siguientes datos: “El año pasado cerró casi con 17.000 ocupaciones, un 67% más que cuando llegó el PSOE al poder, el 42% de ellos en Cataluña, y resulta que JxCAT y PdCat votan esta semana en contra del proyecto de Vox para expulsar a los ocupas, imposibles ya de distinguir de los pagafantas de ERC”.
Una ley de vivienda tramitada cuando lo exigió el brazo político de la ETA
“Estas serán las consecuencias de esta ley de vivienda impulsada por Bildu y ERC, una ley que sólo sirve para salvar a la coalición Frankenstein en un momento de debilidad del Gobierno, aunque sea a costa de condenar a millones de familias a tener un acceso cada vez más difícil a la vivienda”, describió el diputado.
El portavoz incidió en que el Ejecutivo “ha desoído a todo el que tenía que decir algo respecto a esta ley, a todos los que había que escuchar menos precisamente a los que no había que escuchar: al brazo político de ETA“.
En este sentido, Espinosa de los Monteros recordó que “tras más de un año con la ley guardada en el cajón, ha sido Bildu precisamente la encargada de anunciar su impulso definitivo en lo que representa su consolidación como socio preferente en la dirección del Estado. Ustedes, señorías del PSOE, se han hecho cómplices de Bildu. Ustedes han convertido a cada candidato del PSOE en cada rincón de España en un aliado de Bildu. Sin duda, manda Bildu“, concluyó el dirigente de Vox.
Aprobación por la mínima apadrinada por la extrema izquierda
El Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda con 176 votos a favor (justo la mayoría absoluta) y 167 en contra. Votaron a favor PSOE, Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís, el PRC y Teruel Existe. Votaron en contra PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, representando a la oposición democrática.
En cuanto a los partidos separatistas y regionalistas, en esta ocasión votaron en contra de su socio Sánchez las siguientes formaciones: PNV, Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria, con la excusa común de que el Estado invade con la Ley de Vivienda sus competencias regionales. En idéntico sentido argumentó el BNG su abstención.
Queda por pasar el trámite del Senado para que se acelere la tramitación y la ley entre en vigor antes de las elecciones del 28 de mayo. De este modo, PSOE y sus cómplices podrán presumir en campaña electoral de crear una ley que atrofia y encarece el mercado del alquiler, eterniza el infierno legal de expulsar a los okupas y morosos que usurpan una propiedad y, de colofón, incrementa la presión fiscal (hasta el 100% del IBI) a quien mantenga un piso vacío “sin causa justificada” en semejante panorama.
