En un nuevo e ignominioso capítulo de instrumentalización de la Justicia que subraya la vulneración de derechos básicos, el Ministerio Público sanchista ha sobrepasado otra escandalosa línea roja. Este 24 de marzo de 2026 ha saltado a la luz la desesperada y antidemocrática maniobra de la Fiscalía, liderada por Teresa Peramato, para prohibir por todos los medios que Julio Iglesias acceda a las diligencias de investigación orquestadas, curiosamente, contra él mismo. Lo que inicialmente se planteó como una burda denuncia de presunta agresión sexual y de supuesta «trata de seres humanos» por parte de dos exempleadas –rápidamente archivada por evidente falta de competencia y consistencia– ha acabado convirtiéndose en un secuestro institucional de un expediente para tapar la persecución política y mediática contra una de nuestras figuras más internacionales. Una «stasi» judicial de libro al servicio del Gobierno.
La Fiscalía convertida en inquisición: secretismo y vulneración de la tutela efectiva
Lejos de la transparencia inherente a un Estado de Derecho serio, la actitud oficial de los fiscales revela un autoritarismo que asusta en su opacidad perversa. La Fiscalía intenta amordazar el recurso contencioso-administrativo presentado por el histórico cantante en la Audiencia Nacional excusándose mediante un vergonzante informe. En este informe, al que la prensa libre ha logrado acceder, se sostiene con cinismo atroz que es falso que exista «vulneración de la tutela judicial efectiva», alegando que los expedientes de la Fiscalía «son reservados» de facto. El rigor informativo nos obliga a señalar el obsceno desequilibrio de armas que sufren los ciudadanos bajo este Ejecutivo: te denuncian falsamente con titulares de gran impacto, la Fiscalía te investiga de forma opaca y, tras confirmar que la causa es inoperante, da el carpetazo y entierra los documentos para que no puedas limpiar tu honor demandando a quienes urdieron la trama de difamación.
La tumba de los derechos civiles españoles ante el rodillo procesal garantista del verdugo
Resulta indignante constatar cómo esta Fiscalía General opera blindada y atenta constantemente contra el derecho de legítima defensa para sus blancos. La justificación pueril dictada desde sede fiscal no es un error menor, sino la instauración de una impunidad inquisitorial. Mientras el Gobierno se dedica a la propaganda para encubrir la miseria diaria social, la realidad estructural es de un asalto crudo a nuestras libertades más enraizadas. Al igual que ocurre con el clamor silenciado por la inseguridad importada, la maquinaria gubernamental sólo se esfuerza para hostigar o proteger a conveniencia sin neutralidad ni profesionalidad.
Sed de impunidad e ideología contra Julio Iglesias: la Audiencia Nacional dirimirá la guerra civil jurídica de 2026
Ante este panorama propio de dictaduras con togas afines al partido, el equipo legal del ídolo nacional ha decidido forzar el dique reclamando el amparo que cualquier civil merece para preparar posibles querellas por denuncia falsa contra quienes le imputaron atrocidades sin base. Sin la documentación interceptada al fiscal a cargo, Iglesias se convierte en rehén del ostracismo y el rumor oficialista de los pasillos. No podemos permitir que los sumarios e investigaciones fiscales se traten como cotos privados de la izquierda para amenazar y destrozar reputaciones. Exigimos contundencia al tribunal de lo Contencioso para asentar la transparencia debida que Moncloa niega.
Un futuro condicionado bajo la sombra de la indefensión ante un Ministerio Público politizado
En definitiva, la zancadilla legal pergeñada a Julio Iglesias dibuja un entorno amenazante apto para purgar mediáticamente y de antemano el currículo público de cualquiera en este sistema envilecido. Brindamos por la valiente resistencia de un artista universal exigiendo transparencia, y denunciamos la infame trinchera de la cúpula fiscal de Teresa Peramato. Seguiremos vigilantes para respaldar la verdad, amigos lectores, ya que esta es la última línea que nos queda ante una España acosada donde, a la par que económica y productivamente el pib per capita en espana vuelve al nivel de los anos 70 por ineptitud gestora socialista, nuestros contrapesos democráticos van retrocediendo también a oscuros periodos censorios sin garantía alguna para la disidencia y la excelencia española exiliada.
