La APM rechaza una amnistía creada para ‘anular al Poder Judicial’ y privilegiar a una clase política ‘exonerada de responsabilidades penales’
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asociación mayoritaria de la carrera judicial, ha emitido la noche del pasado miércoles un duro comunicado contra la amnistía que negocia Sánchez como precio por su investidura, pues considera que constituye “el principio del fin de nuestra democracia”.
El documento de la Asociación expresa su “más firme rechazo a una futura ley de amnistía que tiene un claro objetivo, -más allá de la oportunidad de tener los votos necesarios para una investidura-, anular al Poder Judicial, el último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política”.
El texto de la asociación mayoritaria de jueces discurre en el mismo sentido que el comunicado emitido, también ayer miércoles, por los vocales conservadores del CGPJ.
Deterioro institucional agravado hasta ‘situarnos en el principio del fin de nuestra democracia’
La Asociación Profesional de la Magistratura ha advertido sobre “el grave deterioro institucional y del propio Estado de Derecho” que se produce desde hace largo tiempo, agravado porque ahora se pretende “dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho”.
La APM ha precisado que “En los próximos días se presentará una iniciativa legislativa con el fin de conceder la amnistía a aquellos que participaron en los graves acontecimientos acaecidos en Cataluña desde el 1 de octubre de 2017, hechos constitutivos de delitos graves, que alentaron contra el orden constitucional y la convivencia pacífica de todos, de los catalanes y del resto de españoles”.
La APM alerta sobre la creación de una casta política sin responsabilidades penales
La Asociación no quiso pronunciarse sobre la ética “de que esta norma legal se esté pactando por el partido del gobierno en funciones con los máximos responsables de esos delitos“.
Sin embargo, fuera de la cuestión ética, la APM ha considerado que “Una norma legal, cualquiera que sea la denominación que se le dé, que exonere a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar -formalmente, como parece que se pretende- en un nuevo proceso constituyente es inaceptable e inasumible en una democracia plena”.
“Una ley de amnistía, cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se pretenda buscar, no es admisible en la Constitución Española de 1978″, añade el comunicado, porque ” pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo”.
La amnistía, sigue el texto, “Deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos, quiebra un principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes”.
La amnistía de Sánchez privilegia a quienes usaron ‘La fuerza del terror’ en Cataluña
Además, “vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones, con el grave riesgo de que el mismo trato puedan exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad”.
“En definitiva, la ley que, por definición y principio es general, se torna así en privilegio, atacando el fundamento mismo del Estado Social y Democrático de Derecho”, zanja la APM.
