El letrado del cantante y el Ministerio Público comparecieron ante la Audiencia Nacional tras la demanda presentada por el artista
La Fiscalía ha rechazado este viernes ante la juez de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional entregar a Julio Iglesias la denuncia falsa de agresión sexual. El cantante desea conocer el contenido de la denuncia que le presentaron y que originó la apertura de diligencias previas que terminaron archivadas.
La magistrada, que preside el Tribunal Central de Instancia Sección de lo Contencioso-Administrativo, convocó una vista entre el abogado de Julio Iglesias y la Fiscalía este viernes 27 de marzo a las 10:00 horas en la Audiencia Nacional. Tomó esta decisión después de recibir la demanda del cantante en la que solicitaba acceder a la denuncia.
Hay precedentes y jurisprudencia favorable al cantante
La defensa de Iglesias expuso durante más de una hora los argumentos por los que tiene derecho a conocer la denuncia. Para ello, citó abundante jurisprudencia que respalda la solicitud, como el precedente del fiscal Ignacio Stampa, a quien inicialmente negaron conocer su denuncia y más tarde le concedieron acceso.
La Fiscalía, por su parte, reiteró su negativa a entregar la denuncia y subrayó que, según su criterio, las resoluciones del Ministerio Público no admiten recurso. Además, recomendó a la defensa del artista que reclamara el acceso a través de la vía penal o civil.
La juez de la Audiencia Nacional deberá ahora determinar si Julio Iglesias puede finalmente acceder o no a la denuncia. Dado que el plazo es breve, la magistrada emitirá su resolución en los próximos días.
Un fiscal jefe para negarle a Julio Iglesias conocer la denuncia falsa
Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, preparó un informe en el que se opuso a facilitar la documentación solicitada por el cantante y solicitó la inadmisión de su recurso por los siguientes motivos: el primero, según él, es que la resolución impugnada no vulnera ningún derecho fundamental de Julio Iglesias y que no se le impide el acceso a los tribunales.
El Ministerio Público tampoco detectó vulneración del derecho de defensa porque el recurrente «no ha tenido ni siquiera la condición procesal de sospechoso, ni la de investigado o encausado».
La Fiscalía también sostiene que la vía elegida es incorrecta porque, por un lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional «no es una Administración Pública» y, por otro, la actuación impugnada no se rige por el Derecho Administrativo.
También añadió que la actividad impugnada no puede impugnarse en vía administrativa «Siendo la vía penal o civil la apropiada para acceder a dicho contenido», explicaba en el escrito al que tuvo acceso Ok Diario. La Abogacía del Estado reprodujo este mismo argumento durante la comparecencia.
