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La ley Montero eleva a 1.233 los criminales sexuales que recibieron beneficios penitenciarios

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Las reducciones de pena a los agresores sexuales en aplicación de la ‘ley del sólo sí es sí’ suponen, al menos, 126 excarcelaciones anticipadas

Los tribunales han acordado al menos 1.233 reducciones de pena y 126 excarcelaciones de criminales sexuales en aplicación de la llamada ley del “Sólo sí es sí”. Las reducciones suponen el 31,4% de los casos revisados.

Los beneficios penitenciarios a los delincuentes se contabilizan desde el 7 de octubre de 2022 (la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022) y el 1 de noviembre de 2023.

Resumen actualizado de las rebajas de penas a criminales sexuales

En las Audiencias Provinciales se han registrado más reducciones de pena, con 1.018 rebajas y 116 excarcelaciones. Respecto a las audiencias, en primer lugar figura la de Madrid con 130 reducciones, en segundo lugar la de Barcelona con 67 y la de Valencia con 57.

Respecto los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades, se redujeron 182 penas, con 10 excarcelaciones. Entre los TSJ, figura en primer lugar el de Madrid con 59 reducciones. En segundo lugar queda el de Andalucía con 25 rebajas, y Cataluña y las Islas Baleares con 16 reducciones por cada Tribunal.

El Tribunal Supremo redujo 32 condenas (recurso de casación) y la Audiencia Nacional sólo rebajó una pena de los casos revisados.

Una Ley elaborada desde la ignorancia legal y la ideología

La ley estrella del ministerio de Igualdad de Irene Montero pasó todos los trámites parlamentarios ignorando las advertencias de expertos sobre la chapuza legislativa que constituía, sin siquiera tener una disposición transitoria a pesar de que modificaba el Código Penal.

La ley se aprobó con el beneplácito de Sánchez y del resto de ministros, que la defendieron a ultranza. El balance en poco más de un año es de 1.233 rebajas de penas y 126 excarcelaciones anticipadas que, según la propaganda gubernamental, no se iban producir.

Las excarcelaciones y rebajas de condena de las cifras oficiales son inferiores a los números reales, porque el Consejo General del Poder Judicial sólo recopila los datos que le llegaron de las diferentes instancias judiciales españolas.

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