La Mesa también tramitará la exigencia de Junts de crear comisiones políticas para investigar supuesto lawfare de jueces y el Estado
Tras el visto bueno a la ley por Fernando Galindo, un letrado mayor de la Cámara que dos días antes de su designación era un alto cargo del propio Ejecutivo, la Mesa del Congreso ha admitido a trámite la amnistía que Sánchez negoció con golpistas fugitivos a cambio de votos en la investidura.
En una nueva cacicada del Gobierno, la amnistía se tramitará de urgencia por petición del grupo socialista y sus cómplices para evitar informes desfavorables de órganos consultivos, como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial.
De este modo, si los planes del golpe de Sánchez a la independencia judicial siguen su cronograma, se publicará la ley en el Boletín de las Cortes y se enviará al Gobierno para que dé conformidad a su debate, que se estima para el 12 de diciembre.
Tras el debate parlamentario, se remitirá la amnistía de Sánchez al Senado, con mayoría del PP, y se podrá ralentizar el golpe durante dos meses hasta su devolución al Congreso para su aprobación.
La constitucionalidad de la amnistía quedará en manos de un personaje directamente relacionado con el PSOE, como Cándido Conde-Pumpido, y la mayoría izquierdista del Constitucional.
La Mesa del Congreso tramitará dos comisiones a petición independentista para investigar lawfare
Otra de las cesiones de Sánchez a sus cómplices, crear comisiones parlamentarias para la persecución política de política de magistrados que dicten sentencias desfavorables, también ha comenzado su andadura en la misma Mesa del Congreso. Igual que en la admisión a trámite de la amnistía, sólo votaron en contra los miembros de la Mesa del PP.
La extrema derecha separatista de Junts y PNV solicitó el pasado viernes la creación de dos comisiones de investigación del presunto lawfare y la Mesa las ha admitido a trámite este martes. La Junta de Portavoces se encargará de introducir ambas comisiones en el orden del día del un próximo Pleno.
En caso de que los políticos de las comisiones políticas decidan que una sentencia es injusta por supuesto lawfare, se abre la puerta a evitar la condena y a perseguir a los jueces e incluso acusarlos de prevaricación.
Otra consecuencia, igualmente destructiva para el Estado de derecho, será que esta suerte de comisariado político de la Justicia, cuando decida que una sentencia es lawfare, ampliará la lista de delincuentes beneficiados por la amnistía.
