La intervención de Hanan Alcalde, conocida en las redes sociales como «Barbie Gaza», durante la crisis provocada por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ha terminado con la Policía requisándole el teléfono móvil. La propia activista reconoce haber recopilado fotografías, fechas de nacimiento, números de teléfono, documentos de identidad y teléfonos de contacto de menores que se encontraban en la calle. Según su versión, los agentes se llevaron posteriormente el dispositivo para ponerlo a disposición de la Fiscalía y determinar si había realizado una difusión de esos datos.
La Policía requisa el móvil a Hanan Alcalde después de que esta acudiera a la zona de la antigua fábrica del Guano con el propósito declarado de elaborar por su cuenta un registro de los menores que permanecían allí. El operativo policial está confirmado: agentes de la UIP y la UPR se desplazaron hasta el lugar para concentrar, identificar y filiar a los menores, mientras Alcalde se encontraba recopilando información que pretendía trasladar a Fiscalía, al Ministerio y a un abogado.
«Me acaban de requisar el móvil, lo van a entregar a la Fiscalía para saber si he hecho difusión de datos», explica Alcalde en el vídeo. La activista reconoce además que desconoce las consecuencias legales que puede tener su actuación: «No sé qué pasará ahora con mi persona, de cuántos delitos se me acusará».
Fotografías, teléfonos y documentos
Alcalde no oculta qué información había acumulado en su dispositivo. Según su propio relato, centenares de menores acudieron hasta ella y comenzó a confeccionar un registro que incluía información identificativa y fotografías.
«Les he cogido la fecha de nacimiento, su número de teléfono, el documento si lo tuvieran, una foto junto a sus datos y también un teléfono de contacto para cuando tuviéramos la plaza poder llamarlos», afirma.
Las imágenes de una persona identificada o identificable constituyen datos personales y su tratamiento está sometido a la normativa de protección de datos. La cuestión adquiere especial importancia cuando los afectados son menores. La AEPD recuerda que, cuando el tratamiento se basa en el consentimiento, un mayor de 14 años puede prestarlo con carácter general, mientras que para un menor de 14 años debe constar el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela, salvo que exista otra base jurídica que legitime el tratamiento.
Por ello, la mera existencia de fotografías, teléfonos o documentos en el móvil de Alcalde no permite concluir por sí sola que haya cometido un delito. Será necesario determinar las edades de los menores, cómo se produjo la recogida, qué consentimiento existió, cuál era la base jurídica utilizada, qué hizo posteriormente con la información y, especialmente, si llegó a comunicarla o publicarla y en qué circunstancias.
Los posibles delitos
El escenario penal más relevante se encuentra en el artículo 197 del Código Penal, dedicado al descubrimiento y revelación de secretos. Sin embargo, su aplicación no es automática por el simple hecho de recoger datos personales.
El artículo 197.1 establece penas de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses para quien, con la finalidad de descubrir secretos o vulnerar la intimidad de otra persona y sin su consentimiento, se apodere de documentos o efectos personales, intercepte comunicaciones o utilice determinados medios técnicos de escucha, grabación o reproducción de imagen o sonido. Para aplicar este apartado habría que demostrar que la conducta concreta de Alcalde reúne esos requisitos; su relato de que los propios menores acudieron voluntariamente a facilitarle información no basta por sí mismo para establecerlo.
El artículo 197.2 contempla igualmente entre uno y cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses para determinados supuestos de apoderamiento, utilización, modificación o acceso no autorizado, en perjuicio de tercero, a datos personales o familiares reservados registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o de otro tipo. De nuevo, que Alcalde anotara directamente datos que le proporcionaban los menores no significa automáticamente que esta modalidad delictiva resulte aplicable.
La situación podría adquirir mayor gravedad si una investigación acreditara una difusión, revelación o cesión a terceros de datos o imágenes previamente obtenidos mediante alguna de las conductas delictivas de los apartados anteriores. En ese supuesto, el artículo 197.3 establece una pena de dos a cinco años de prisión. Precisamente la eventual «difusión de datos» es la cuestión que Alcalde asegura que los agentes pretendían poner en conocimiento de la Fiscalía.
Ser menores agrava las penas
Existe además un elemento especialmente relevante: las personas afectadas serían menores de edad. El artículo 197.5 determina que, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores tengan como víctima a un menor, las penas correspondientes deben imponerse en su mitad superior.
Eso significa que, si previamente se demostrase que una conducta concreta encaja en los apartados 1 o 2 del artículo 197, cuya horquilla general es de uno a cuatro años, la condición de menores de las víctimas obligaría a aplicar la pena dentro de la mitad superior de esa horquilla. Del mismo modo, una eventual conducta del artículo 197.3 tendría también el agravamiento correspondiente. No sería correcto, sin embargo, presentar esas penas como las que actualmente afronta Alcalde: primero tendría que acreditarse el delito base.
El Código Penal contempla asimismo en su artículo 197.7 otro supuesto, castigado con tres meses a un año de prisión o multa de seis a doce meses, para quien divulgue sin autorización imágenes o grabaciones obtenidas inicialmente con consentimiento cuando se hubieran captado en un domicilio o en otro lugar fuera del alcance de terceros y la divulgación menoscabe gravemente la intimidad. Si la víctima es menor, la pena se impone en su mitad superior. Con los hechos conocidos hasta ahora no consta que las fotografías de Alcalde se tomaran en esas circunstancias, por lo que tampoco puede darse por aplicable este apartado.
La vía de protección de datos
Al margen de la vía penal existe otra cuestión diferente: una eventual infracción administrativa de la normativa de protección de datos. La AEPD señala que la difusión ilegítima por Internet de imágenes, vídeos u otros datos que permitan identificar a una persona puede infringir la normativa de protección de datos. En los casos más graves, el RGPD contempla sanciones administrativas que pueden alcanzar los 20 millones de euros —o, para empresas, determinados porcentajes de su facturación—, aunque esto constituye el máximo legal para determinadas infracciones y no significa que esa sea una sanción aplicable automáticamente a este caso ni a Alcalde.
La LOPDGDD proporciona además una protección específica a los menores en Internet. La AEPD recuerda que la utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en redes sociales que pueda constituir una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determina la intervención del Ministerio Fiscal para promover las medidas de protección correspondientes.
Por tanto, el análisis jurídico dependerá en buena medida del contenido del teléfono y del destino que Alcalde hubiera dado a la información. No es equivalente recopilar datos, entregarlos confidencialmente a Fiscalía, comunicarlos a un abogado o una ONG, y publicarlos abiertamente en redes sociales. Cada conducta deberá analizarse por separado y atendiendo a su base jurídica y circunstancias.
«No sé de cuántos delitos»
La Policía requisa el móvil a Hanan Alcalde, según explica ella misma, mientras la activista presenta lo ocurrido como el «precio» que debe pagar por intentar conseguir que los menores abandonen la calle.
«Ahora parece ser que lo ilegal es pedir que se cumpla el derecho o intentar mover ficha para que se cumpla el derecho», lamenta. Alcalde sostiene que ya está en contacto con el abogado de una ONG y con distintos medios de comunicación.
También asegura que la Policía le comunicó que los menores presentes serían trasladados a comisaría para ser identificados. El despliegue policial para realizar esas filiaciones está documentado y más de un centenar de menores podrían haber sido trasladados inicialmente a dependencias policiales, según las informaciones publicadas desde Ceuta.
Alcalde termina justificando su actuación por la situación que, según denuncia, viven estos menores y asegura haber sido testigo de «cacerías» y «palizas cada noche». Estas últimas afirmaciones corresponden al relato de la propia activista y no permiten, por sí solas, determinar quién habría cometido esas supuestas agresiones ni acreditar que hayan sucedido en los términos que describe.
Por ahora, tampoco consta en las fuentes consultadas que la Fiscalía haya formulado una acusación penal contra Alcalde. La intervención del teléfono y su eventual análisis no equivalen a una condena ni permiten afirmar todavía que haya cometido alguno de los delitos descritos.
























