La ‘ley trans’ de Irene Montero aumenta el número de presos que piden el cambio de género

Sindicatos de funcionarios advierten que la ley trans es un coladero legal para que los internos soliciten el ingreso en módulos de mujeres

No han pasado ni cien días desde la aprobación de la llamada ‘ley trans’ el pasado diciembre y ya se han producido embrollos legales hasta un extremo que, en el ámbito penitenciario, amenaza con generar situaciones explosivas. Hoy se ha conocido que seis internos de una cárcel de Asturias han solicitado el cambio de sexo para cambiarse al módulo de mujeres, pues el cambio de género no requiere mayores requisitos que manifestar la voluntad de pertenecer al sexo femenino. Esta facilidad de acceso al cambio de género ha preocupado a los funcionarios de prisiones, pues temen que se convierta en un “coladero” para presos que buscan mejorar su situación en la cárcel.

En ese sentido, fuentes del sindicato CSIF declararon al diario ABC que los presos que opten por cambiar de género tendrán un beneficio claro al pasar al módulo de mujeres, donde se espera encontrar menos toxicomanías, más limpieza y, en general, un ambiente más tranquilo. Gracias a la ley de Irene Montero, cualquier criminal condenado puede beneficiarse de todas las medidas en favor de las mujeres, aunque no implique un cambio en su situación jurídica, ni logre una rebaja de pena. Existen otros precedentes en España, como el de la transexual Irene, condenada por abusar de una menor y se espera un aumento incesante de solicitudes.

Una ley trans redactada por analfabetos legales

El error más clamoroso de la ley trans radica en la facilidad de acceso al cambio de género. El interés de Irene Montero en que su ley impregne todos los ámbitos de la sociedad ha servido para facilitar el uso indebido de la misma. Debe tenerse en cuenta que ciertos criminales, como los depredadores sexuales o los pedófilos, suelen sufrir la hostilidad del resto de internos y, con la nueva ley, cualquier preso que se sienta amenazado e incómodo en su módulo puede solicitar el cambio de género sin necesidad de informes médicos ni psicológicos previos, simplemente con su mera voluntad.

Los precedentes de otros países advierten del pavoroso resultado del engendro legal de Montero, Belarra y compañía. En Gran Bretaña, por ejemplo, un violador convicto se declaró “trans”, pasó a llamarse Karen White y fue reubicado en una cárcel de mujeres donde cometió cuatro asaltos sexuales a sendas reclusas. Otro caso es el del pedófilo estadounidense Hobby Bingham, violador de una niña de 12 años: tras declarase trans, pasó a llamarse “Princess Zoee Marie Andromeda Love” y abusó de una interna de su módulo. Aunque en países como Escocia han decidido dar marcha atrás en sus leyes trans, las ministras comunistas de España han decidido pisar el acelerador ante el final de la legislatura, vendiendo sin rubor el daño que causan a la sociedad como un hito del progresismo.

Aunque todavía no se tienen datos nacionales sobre el número de presos que han solicitado el cambio de género en las prisiones españolas, la preocupación de los funcionarios de prisiones es comprensible. Antes de la aprobación de la ‘ley trans’, existía una instrucción en Instituciones Penitenciarias de 2006 que permitía a transexuales femeninos ingresar en módulos de mujeres, aunque no se hubieran sometido a una intervención de cambio de sexo o su nombre en el DNI fuera aún de varón. Sin embargo, debían justificarlo con informes médicos y psicológicos, lo que evitaba la utilización indebida de la normativa. Hoy, burocráticamente, existe barra libre.

La Ley Trans y la no menos delirante “Ley del Sí es Sí” han sido la aportación estrella de las ministras de Podemos al gobierno sanchista. Con el conocimiento jurídico de unas adolescentes, y el único foco de interés en expresar sus filias y fobias personales e ideológicas, el engendro resultante tuvo el beneplácito del PSOE y el resto de socios del gobierno, indiferentes a los informes técnicos que advertían sobre su contenido y las consecuencias de su aplicación. Cuando se unen la incompetencia, la ignorancia y el fanatismo, una ley que debe proteger los derechos de las personas transgénero amenaza con transformarse en otra nueva ‘ley del sí es sí’ de consecuencias imprevisibles.