Sindicatos de funcionarios de prisiones denuncian que los participantes en el motín no han sido sancionados y siguen en el mismo módulo
El pasado dos de mayo estalló un motín de internos del módulo diez del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, en la provincia de León. El suceso se saldó con el secuestro durante más de una hora de la directora del centro y varios funcionarios. Un trabajador del centro sufrió una agresión que requirió su traslado al Complejo Asistencial Universitario de León para tratar sus heridas.
A pesar de la violencia empleada y del funcionario herido, las directrices dadas por Interior impiden sancionar con rigor o trasladar de centro a los presos que cometan infracciones graves y estos siguen haciendo vida normal en el módulo donde se amotinaron.
Directriz de Marlaska para dejar impunes las faltas graves cometidas por internos
Instituciones penitenciarias, dirigida por un hombre de máxima confianza del ministro Marlaska, Ángel Luis Ortiz González, ordenó mantener los permisos penitenciarios de los reclusos que cometan faltas muy graves dentro de la prisión.
Se trataba de una instrucción interna de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que las faltas muy graves cometidas por los presos no afecten a su concesión de permisos. Dicha orden fue considerada por los funcionarios como una carta blanca para las agresiones de los internos, al saberse impunes.
La Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios relata el motín y la ausencia de sanciones
“En el relevo de las 8:00 de la mañana, un interno, de 38 años, aparece sin vida en su celda, en la que vivía solo y no presentaba signos de violencia, las causas de la muerte serán determinadas por la autopsia”, explicó la APFP en una nota de prensa.
“Dicho incidente, provoca un nerviosismo en aumento dentro del departamento, y cuando se persona en el departamento la directora y el subdirector de seguridad, administrador y los jefes de servicios, la tensión va en aumento increpando a los funcionarios y protestando por lo que consideraban, una deficiente atención médica. Especialmente contra un miembro determinado del equipo médico”, añadió la Asociación.
En cierto momento, describe la nota: “Varios internos empiezan a romper el mobiliario del departamento, incluso alguno armado con un pincho de fabricación casera, realizan una barricada a la entrada del módulo, impidiendo la salida de los funcionarios, siendo agredido un funcionario, que necesitó asistencia hospitalaria por suerte sus lesiones no revisten gravedad, y deseamos su pronta recuperación física, pues la psicológica va a ser mucho más complicada”.
El comunicado detalla que: “Después de casi una hora de retención, y tras las promesas de que se intentaría solucionar el problema sanitario y que no habría represalias sobre los instigadores del plante, motín e intento de secuestro, los internos depusieron su actitud y los miembros de la dirección pudieron abandonar el módulo”.
“De momento, aparte de la conducción ordinaria de un interno participante en el motín, el resto siguen haciendo vida normal en el departamento, lo que aumenta la sensación de impunidad, que sienten los internos, y que sus actos no supondrá mas que una mínima sanción disciplinaria. Y quebrando gravemente, el principio de autoridad que necesariamente debe regir en un establecimiento penitenciario”, denunció la APFP.
Sindicatos de funcionarios protestan por el desamparo de Interior, que permite la impunidad de los presos peligrosos
El sindicato TAMPM (Tu Abandono e Puede Matar) ha denunciado “el abandono al que nos tiene sometidos la Secretaría General, sueldos prácticamente congelados desde hace más de 15 años, formación escasa o nula, diferencia de sueldo con nuestros compañeros de Cataluña, deficiencias en el uniforme, sin un estatuto propio que signifique nuestras diferencias con el resto de funcionarios de la Administración General del Estado, etc.”.
Un abandono, según TAMPM, “agravado, con la criminalización de los trabajadores, con instrucciones tendentes a dar la razón siempre a los internos frente a los trabajadores, creando un ambiente de trabajo cada vez más tóxico”.
Por su parte, la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, ACAIP, emitió un comunicado calificando de “muy graves” los sucesos del 2 de mayo. La Agrupación denunció que los internos implicados “siguen haciendo vida normal en el módulo donde esta mañana causaron los hechos”, porque no existen “consecuencias regimentales ante incidentes muy graves”, como el motín del pasado martes.
En ese sentido, ACAIP exigió a la Dirección del Centro y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el traslado inmediato a otras cárceles de los presos implicados. La Asociación recordó que, hace justo un mes, denunció ante la Subdelegación del Gobierno la gestión de la actual dirección del centro de Mansilla de las Mulas.
Además, ACAIP incluyó en su solicitud la reivindicación la solicitud de defender “de una vez por todas a los trabajadores de prisiones, ante las continuas agresiones que soportamos diariamente”.
Ángel Luis Ortiz: el responsable de Instituciones Penitenciarias nombrado por Marlaska
El diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, dirigió en febrero de 2022 una pregunta al Gobierno respecto al favoritismo con los presos peligrosos y el abandono a los funcionarios de instituciones penitenciarias.
El diputado argumentó que la orden de Interior a Instituciones Penitenciarias “puede suponer un grave deterioro en la ya compleja convivencia en las prisiones, pues a las agresiones que sufren los funcionarios de prisiones que ya son cotidianas, pueden sumarse aquellas que se derivarán de la impunidad manifiesta que propone el Secretario General con esta medida injustificada”.
Cambronero señalaba directamente a Ángel Luis Ortiz González, colocado en 2018 por Marlaska al frente de Instituciones Penitenciarias por ser alguien de su máxima confianza. Ángel Luis Ortiz González generó controversia en octubre de 2021 tras presumir en una comparecencia parlamentaria de vaciar las cárceles de internos y favorecer la concesión de terceros grados penitenciarios.
A los dos días de las declaraciones de Ortiz, un depredador sexual que disfrutaba del tercer grado asesinó a un niño en la localidad riojana de Lardero.
