La fiscal reabre el debate sobre el sesgo ideológico en la Fiscalía y se presenta como continuadora de una etapa marcada por la cercanía al Gobierno
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha vuelto a dejar claro cuál será su línea de actuación: defensa cerrada de la etapa anterior, respaldo político a la agenda del Gobierno y escasa autocrítica ante los errores que han erosionado la credibilidad de la Fiscalía.
En una intervención reciente, Peramato reivindicó la Ley del ‘Solo sí es sí’ como un “referente internacional”, pese a las críticas que ha recibido por sus consecuencias judiciales y por el amplio malestar generado en amplios sectores jurídicos y sociales.
El mensaje tiene mucha relevancia. En un momento en el que la Fiscalía necesita recuperar autoridad, independencia y prestigio, la nueva responsable del Ministerio Público parece decidida a mantener intacta la línea ideológica que marcó la etapa de Álvaro García Ortiz, cuyo legado sigue siendo objeto de fuerte controversia.
De hecho, lejos de impulsar una etapa de distanciamiento respecto al poder político, Peramato se ha presentado como continuadora de una trayectoria muy vinculada al mismo espacio institucional y doctrinal.
Rigor, independencia, prudencia
Su nombramiento llega, además, en un contexto de máxima sensibilidad sobre la neutralidad de las instituciones. La Fiscalía General no puede convertirse en una prolongación del relato gubernamental ni en un altavoz de leyes ideológicas presentadas como éxitos cuando su aplicación ha evidenciado fallos graves.
La confianza pública exige rigor, independencia y prudencia; justo lo contrario de la autocomplacencia con la que Peramato ha defendido una norma tan discutida como la del ‘Solo sí es sí’.
En vez de abrir una etapa de recomposición institucional, la nueva fiscal general parece apostar por blindar el mismo marco político y discursivo que ha debilitado a la Fiscalía. Además de colocar, acercar o ‘enchufar’ a todo el entorno de Álvaro García Ortiz, incluido su mujer, y dejar de lado a la fiscal que acuso al condenado de ser el filtrador oficial del Reino de Sánchez. Todo ello en el segundo Consejo Fiscal de nombramientos.
