Fuentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil especializadas en ciberseguridad han expresado a La Gaceta su profunda preocupación ante posibles intentos de interferencia informática en las elecciones generales del 29 de noviembre. El temor no se centra tanto en el voto con DNI digital como en la manipulación del traslado de los resultados del 29-N desde las mesas electorales a los sistemas informáticos.
«Oficialmente no se ha activado nada, pero se sospecha que se van a intentar ciberataques», señalan estas fuentes. Y añaden con contundencia: «Todo el mundo tiene los ojos puestos, porque hay ciertas sospechas» ante el 29-N. El rumor, aseguran, circula «en todas partes, en todas las administraciones, en todas las instituciones» y está siendo vigilado de forma informal.
La principal inquietud radica en que el conteo de votos pueda ser alterado este 29-N durante su transmisión digital. «La sospecha existe en que se va a producir de forma que el traslado del conteo de votos al conteo digital sea alterado, sea manipulado», explica uno de los agentes consultados. Aunque el sistema electoral español mantiene el recuento público de papeletas y las actas manuales como garantía, el escrutinio provisional digital genera desconfianza en determinados ámbitos policiales.
¿De quién depende el CITCO y el INCIBE?
Las fuentes apuntan directamente a la falta de independencia de los organismos que, en teoría, deberían vigilar este tipo de amenazas: el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Ambos dependen del Ejecutivo. «A los jefes de esos organismos los nombran ellos», denuncian.
Aunque reconocen que ni CITCO ni INCIBE tienen competencia directa sobre el escrutinio electoral, cuestionan que las estructuras encargadas de detectar posibles interferencias estén controladas por el mismo Gobierno que organiza las elecciones.
Sobre el DNI digital
Respecto al DNI digital, los especialistas consideran poco probable que se pueda utilizar para emitir votos fraudulentos de forma masiva el 29-N. Su foco está en la seguridad de los sistemas de transmisión y agregación de datos. Insisten, no obstante, en que no existe ninguna operación oficial específica contra un supuesto fraude electoral: «Se está monitorizando, pero de oficio, porque realmente no hay ninguna operación oficial de monitorización».
Las declaraciones a La Gaceta reflejan un clima de sospecha y desconfianza en sectores policiales de ciberseguridad a menos de diez días de las elecciones. Un aviso que, de momento, permanece en el terreno de los rumores y la vigilancia informal, pero que deja en el aire una pregunta incómoda: ¿quién controla realmente a los que deberían controlar que el 29-N no haya interferencias? Y ¿de quién depende Fiscalía?


























