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Sánchez confirmará al Fiscal General a pesar del varapalo del Supremo por ascender a su antecesora

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García Ortiz mantiene el cargo a pesar los escándalos de sus nombramientos y de abandonar a los fiscales acusados de lawfare por separatistas

Sánchez ratificará a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado hasta el 2027 a pesar del escándalo de la anulación de su polémica promoción de su predecesora, Dolores Delgado, calificada por el Supremo como una “desviación de poder”, y a pesar de las fuertes críticas de su gestión por la mayoría de fiscales.

Fuentes gubernamentales han informado a Europa Press que la confirmación se llevará a cabo durante el Consejo de Ministros del próximo 28 de noviembre. Según el argumentario oficial, continúa en el cargo a pesar del encadenamiento de escándalos porque es un “fiscal de carrera con un reconocido prestigio“.

Nombramientos discrecionales de fiscales afines

García Ortiz asumió el cargo el 19 de julio de 2022 tras la renuncia de Dolores Delgado por motivos de salud. Los nombramientos de García Ortiz han recibido críticas de la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, acusándolo, al igual que a Delgado en su momento, de favorecer a miembros de la Unión Progresista de Fiscales, a la cual ambos pertenecían.

Una de sus primeras decisiones fue ascender a su amiga y antecesora, Dolores Delgado, a fiscal de sala en la Sala de lo Militar del TS, por delante del candidato preferido por el Consejo Fiscal por Luis Rueda, poseedor de amplia experiencia en derecho militar.

Rueda impugnó esta decisión ante el Supremo, que recientemente le dio la razón anulando el nombramiento de Delgado y dejando en duda su continuidad como fiscal de sala de Memoria Democrática.

El fallo del Supremo señaló que García Ortiz utilizó su poder de manera indebida al ascender a Delgado por su anterior cargo como fiscal general del Estado, lo cual no coincide con el propósito establecido en el ordenamiento jurídico para cubrir vacantes en empleos públicos, basada en el mérito.

A esto se suma la controversia generada cuando adelantó un Pleno del Consejo Fiscal para asignar varias plazas, incluida la de fiscal de Memoria Democrática (otro nombramiento discrecional de Delgado) a pesar de las objeciones mayoritarias.

Las asociaciones de fiscales AF y APIF han recurrido también al Supremo este segundo nombramiento, aún pendiente de resolución.

Se pone de perfil ante las acusaciones de lawfare a fiscales por los cómplices de Sánchez

Otro conflicto de los fiscales con García Ortiz radica en su postura frente a la amnistía de Sánchez a delincuentes a cambio de siete votos para su investidura.

El acuerdo con Puigdemont contempla la creación de comisiones parlamentarias para auditar la acción del poder judicial investigando supuestos casos de lawfare de jueces y fiscales relacionados con el golpe de estado separatista.

Los fiscales señalados por los independentistas solicitaron respaldo institucional a García Ortiz, quien se limitó a señalar su compromiso con la “autonomía” de los fiscales sin ocuparse de mayor defensa.

En respuesta, 18 fiscales de la Sala de lo Penal del TS reprocharon a García Ortiz “ignorar deliberadamente” la petición de sus compañeros frente a los ataques recibidos.

Además, los seis vocales de la AF en el Consejo Fiscal aguardan una respuesta de García Ortiz sobre su solicitud de un Pleno extraordinario para emitir una declaración institucional sobre la futura amnistía.

García Ortiz se puso de perfil e indicó por carta que la FGE no se pronunciaría hasta que hubiera una ley vigente -cuando no tenga remedio-, manteniendo así una posición pública imparcial.

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