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Sánchez justifica el borrado de delitos de sus cómplices y la persecución al poder judicial

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En una entrevista en TVE1, admite que la razón de crear leyes a medida de sus acreedores parlamentarios es evitar que gobierne la oposición

Pedro Sánchez ha confirmado hoy en una entrevista de TVE1 que las comisiones parlamentarias creadas por sus socios realizarán auditorías políticas del poder judicial y emitirán informes a la Fiscalía (del Gobierno) para que tome medidas en aquellas acciones de los jueces que consideren lawfare.

En cuestión de días, Sánchez ha pasado a negar su existencia en los acuerdos de investidura a afirmar esta mañana que habrá comisiones parlamentarias y justificar la existencia del lawfare.

El entrevistado matizó el ataque a la separación de poderes que constituye la creación de comisiones de políticos para que investiguen el trabajo de jueces que les juzgan, afirmando que “Sus conclusiones no cuestionan las sentencias judiciales”, aunque “Sí pueden ser objeto de informe a la fiscalía para que las tenga en consideración”.

Sánchez se adhirió al argumentario de sus cómplices sobre el supuesto lawfare al declarar, señalando al PP: “¿Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país? Definitivamente“.

Compara la amnistía con la ley del divorcio y el matrimonio gay

El jefe del Ejecutivo expuso su relato de que la amnistía que pedían los separatistas no era constitucional, pero la que han negociado en Bélgica el PSOE con el fugitivo Puigdemont sí que lo es.

El socialista admitió que “Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar”, pero por las circunstancias “es coherente”, justificando su mentira respecto a la inconstitucionalidad de la amnistía, antes de las elecciones, porque el resultado electoral implicaba que tenía que negociar con sus actuales socios para evitar que gobierne la oposición.

Sánchez menospreció a los manifestantes contra el golpe y la amnistía, afirmando que, igual que con la ley del divorcio y matrimonio gay “los que se manifiestan hoy en las calles, acabarán recordando estos días con el dicho de ‘si te he visto, no me acuerdo'”.

Sobre la cesión a los independentistas de un verificador internacional, Sánchez pasó a defender esa figura, cuya identidad afirmó desconocer, para “ayudar a llegar a acuerdos“, pero precisó que las reuniones bilaterales (opacas y clandestinas en el extranjero) son “negociaciones entre partidos, no entre gobiernos”.

Propaganda en TVE1 de presunto crecimiento económico

“España no se hunde por mucho que lo diga el PP y Vox”, afirmó Sánchez, para después afirmar que: “Somos la economía de la UE que más va a crecer. España no se rompe y Cataluña está mucho mejor que en 2017″.

Sobre el PP, Sánchez declaró que “Vamos a tratar de tener la mejor interlocución con la oposición del país”, para después indicarle a Feijóo lo que tiene que hacer: negociar con él la renovación del CGPJ.

Guerra de políticos contra los jueces

El lawfare (literalmente traducido, como guerra judicial), es uno de tantos conceptos cuyo significado original acaba retorcido por la izquierda política para uso propio. Al redefinir lawfare como una suerte de ataque perpetrado desde la judicatura contra las pretensiones de la izquierda, se trata de legitimar la intromisión en la independencia judicial como el siguiente paso, definitivo, en la instauración de un régimen autoritario.

Así, el lawfare imaginario del que son presuntas víctimas delincuentes condenados de la izquierda y extrema derecha separatista, constituye en realidad una guerra de políticos contra el poder judicial, que se convertirá en un ministerio más de la naciente autocracia si no se ejerce una oposición frontal a todos los niveles: desde la ciudadanía, hasta organismos y funcionarios del Estado no controlados por el golpe.

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