La ley borra la responsabilidad penal, administrativa y contable de más de 400 separatistas implicados en delitos durante casi 12 años
Tras el anuncio de la fecha de investidura de Sánchez, el PSOE ha filtrado el texto de la ley de amnistía redactada en Bruselas por los enviados de Sánchez y los del golpista fugitivo Puigdemont.
La ley constituye una amnistía total que elimina la “responsabilidad penal, administrativa y contable”, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, de 400 implicados en la preparación, ejecución y consecuencias de las consultas ilegales y el golpe de Estado separatista en Cataluña.
La amnistía ofrece blindaje legal a cabecillas golpistas como Puigdemont, al colaborador de la ETA Gonzalo Boye (abogado del prófugo) y al resto de fugitivos de la Justicia: “Quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía”, indica el articulado.
La amnistía asume el lawfare que exigían los separatistas
Tras once páginas de verborrea como exposición de motivos, el texto entiende que los delitos que cometieron los separatistas tenían intención política. En otras palabras, la ley convierte a un separatista condenado por prevaricación (delincuente procesado únicamente por su latrocinio), en una víctima juzgada por motivos políticos (lawfare) que debe ser exonerada.
El contenido se ha filtrado horas antes de registrar la amnistía en la mesa del Congreso para iniciar la tramitación y cuenta con la firma de los cómplices parlamentarios de Sánchez: Junts, ERC, Sumar, PNV, EH Bildu y BNG.
Otra de las perlas del texto filtrado radica en el párrafo donde asume anticipadamente su validación por el Tribunal Constitucional sin siquiera haberse tramitado la ley o introducido enmiendas.
La ley de amnistía anula investigaciones por terrorismo en curso
La amnistía se aplica a delincuentes ya indultados por Sánchez como pago por su anterior investidura a fugitivos, como Puigdemont, o a los violentos CDR procesados por terrorismo, entre otros. Los prófugos quedarán exonerados de problemas judiciales y podrán volver a España en cuanto se publique el texto en el BOE.
La ley afecta a todos delincuentes e investigados por el 9-N y el 1-O íntegro y también da carpetazo todas las investigaciones del Tribunal de Cuentas. Los jueces tendrán que aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente en un plazo máximo de dos meses.
En un giro esperpéntico de la norma, también amnistía a una parte de los agentes de Policía que cumplieron su deber durante el golpe y en la actualidad sufren la persecución judicial del separatismo.
Según figura en el articulado, se amnistían: “Las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa comprendidos en este artículo”.
