La paciencia se agota en Ceuta. El Gobierno de la ciudad autónoma ha cargado duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez después de que, más de tres meses después de la entrada masiva de inmigrantes, no se haya producido la devolución a Marruecos de ni un solo menor extranjero no acompañado.
El portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, ha denunciado una situación que considera insostenible y que atribuye directamente a la “incapacidad” del Gobierno central. Los datos son contundentes: actualmente Ceuta tutela a 3.767 menores, una cifra que supone una sobreocupación cercana al 12.900% respecto a la capacidad ordinaria del sistema de acogida.
Para afrontar esta presión migratoria, la ciudad ha tenido que habilitar ya 23 recursos temporales, de los cuales 13 se han abierto desde el pasado mes de agosto. Lejos de mejorar, la situación continúa agravándose, hasta el punto de que las autoridades locales prevén poner en marcha un nuevo dispositivo de acogida de forma inmediata.
Muy pocos expedientes tramitados
Desde el Gobierno ceutí recuerdan que la devolución de los menores a Marruecos ha sido defendida públicamente tanto por las instituciones europeas como por el propio Ejecutivo español. Sin embargo, denuncian que la realidad sobre el terreno contradice completamente ese discurso. De los casi 4.000 menores acogidos, apenas unos 300 expedientes habrían iniciado su tramitación y, según la Ciudad Autónoma, Marruecos no ha dado respuesta favorable a ninguno de ellos.
Ramírez cuestiona además el relato oficial sobre la excelente relación entre Madrid y Rabat. "Si las relaciones son tan buenas como asegura el Gobierno, resulta difícil entender que después de tres meses no se haya materializado ni una sola devolución", señalan desde la administración ceutí.
Sin retorno de adultos
La crítica va más allá del caso de los menores. Según el Ejecutivo local, tampoco se están produciendo retornos significativos de adultos, mientras miles de inmigrantes continúan permaneciendo en la ciudad. Por ello, Ceuta reclama al Gobierno que pase de los discursos a los hechos y advierte de que la situación amenaza con convertirse en un problema estructural que comprometa el futuro de la ciudad.
Mientras tanto, los centros de acogida siguen llenándose y la factura económica continúa creciendo, con nuevos litigios abiertos entre la Ciudad Autónoma y la Administración General del Estado por los costes derivados de la atención a los menores extranjeros.






















