Un total de 6.597 ciudadanos de nacionalidad marroquí perciben la Renta Garantizada en Navarra, lo que equivale al 63,32% de los 10.419 beneficiarios extranjeros registrados en la comunidad. Así se desprende de una resolución oficial del Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo del Gobierno foral, fechada este 16 de noviembre y con datos consolidados a 31 de octubre, obtenida a través de una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley Foral 5/2018 de Transparencia.
El desglose de los registros evidencia una notable concentración en este colectivo tanto en el conjunto de miembros de las unidades familiares perceptoras como en el apartado de titulares de la prestación, donde los 1.899 solicitantes marroquíes suponen el 55,62% de los 3.414 titulares foráneos. A gran distancia figuran el resto de nacionalidades de la lista oficial, encabezada en los puestos siguientes por Argelia —con 199 titulares—, Rumanía, Portugal, Nueva Zelanda, Ucrania, Bulgaria, Nigeria, Senegal y Colombia. En términos continentales, las nacionalidades africanas identificadas reúnen a 7.808 beneficiarios, casi tres cuartas partes del total extranjero.
El doble de ayudas para inmigrantes
Al cruzar estos registros con la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de octubre de 2026, se observa que el peso de los perceptores extranjeros duplica con creces su proporción demográfica. Mientras que los 97.015 residentes sin nacionalidad española representan el 13,99% de los 693.687 habitantes de Navarra, acaparan el 31,08% de los 33.526 beneficiarios globales y el 32,50% de los 10.506 titulares, frente al 68,92% y el 67,50% que suman respectivamente los ciudadanos españoles.
En cuanto al marco legal que regula esta ayuda, cuyo importe individual de referencia se situó en 790,28 euros mensuales en 2025, la Ley Foral 15/2016 establece como requisitos la insuficiencia de recursos económicos y acreditar una residencia efectiva y continuada en Navarra de al menos dos años previos a la solicitud —plazo que se reduce a un año si existen menores, dependientes o personas con discapacidad superior al 65% a cargo—.
Tal y como documentó previamente el portal de verificación Maldita.es a partir de consultas al propio Ejecutivo navarro, la normativa autonómica no exige disponer de autorización de residencia legal para acceder a la prestación, eximiendo expresamente a las personas en situación administrativa irregular de la obligación de inscribirse como demandantes de empleo.






















