La jornada de huelga general política del 11-N, convocada por el Sanchismo y jaleada por sus socios regionales independentistas para desgastar a la oposición, ha dejado en Santiago de Compostela una de las estampas más vergonzosas y reveladoras del verdadero rostro de la ultraizquierda.
En una ciudad gobernada por la izquierda radical del BNG, un piquete autodenominado "antifascista" ha protagonizado un brutal episodio de racismo y xenofobia contra los trabajadores de un pequeño bar regentado por ciudadanos de origen hispanoamericano.
Los hechos, que se enmarcan en una ola de coacciones por todo el territorio nacional, se produjeron cuando el grupo de agitadores trató de impedir por la fuerza la apertura del local.
Ante la resistencia de los empleados a secundar un paro que consideran puramente político, los piquetes desataron su furia, vandalizando la terraza y profiriendo insultos de odio. La deriva totalitaria del piquete alcanzó su cenit cuando, según relataron testigos presenciales a la Televisión de Galicia, uno de los ultras gritó a los trabajadores: «¡Esperemos que llegue el ICE de Trump para que os deporten!».
La paradoja del racismo en la izquierda
Este intolerable ataque xenófobo desmonta el relato de la izquierda radical, que habitualmente se apropia de las banderas de la integración y el antirracismo mientras practica el matonismo callejero contra quienes, simplemente, quieren ejercer su derecho constitucional al trabajo.
La utilización de la amenaza de deportación y la alusión al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) retrata la hipocresía de unos colectivos que solo defienden a los inmigrantes si estos se pliegan a sus dictados ideológicos.
Santiago de Compostela, bajo el mandato del BNG, se ha convertido este 11-N en el epicentro de un sindicalismo de coacción, donde la "españolada" de la huelga sanchista, como dicen, ha servido de coartada para que la ultraizquierda gallega dé rienda suelta a su odio sectario.
Mientras la Policía Nacional intervenía para evitar males mayores, la pasividad y el consentimiento de las instituciones locales gobernadas por el nacionalismo gallego han quedado en evidencia, confirmando que la impunidad de los piquetes violentos es una herramienta política más al servicio del Ejecutivo y sus socios.
