La presión migratoria vuelve a poner contra las cuerdas a Canarias. Mientras las llegadas de embarcaciones continúan generando episodios de saturación en puntos especialmente sensibles como El Hierro, sindicatos policiales denuncian que algunas dependencias de la Policía Nacional están siendo utilizadas de forma temporal para albergar a inmigrantes recién llegados ante la falta de plazas disponibles en los dispositivos de acogida.
Las organizaciones profesionales advierten de que los agentes llevan meses trabajando al límite de sus capacidades, acumulando jornadas extraordinarias y asumiendo funciones para las que los inmuebles policiales no fueron concebidos. "No faltan policías comprometidos. Faltan decisiones", resumen fuentes sindicales consultadas en Canarias.
La situación recuerda a imágenes que el propio Ejecutivo aseguró que no volverían a repetirse tras las crisis migratorias anteriores. Sin embargo, el incremento de llegadas y la insuficiencia de infraestructuras vuelven a obligar a improvisar soluciones de emergencia mientras las islas reclaman más medios humanos y materiales.
Cinco años de fuerte presión migratoria
La crisis actual se produce después de un quinquenio marcado por cifras históricas en la Ruta Canaria. Solo en 2024 llegaron a Canarias cerca de 46.000 inmigrantes por vía irregular, el mayor registro conocido hasta la fecha. En 2025 las entradas descendieron hasta aproximadamente 17.500 personas, mientras que durante la primera mitad de 2026 se contabilizaron unas 3.350 llegadas, según datos difundidos por el Gobierno de Canarias.
Tomando como referencia los balances oficiales de los últimos cinco años, el archipiélago ha recibido más de 120.000 inmigrantes irregulares a través de la Ruta Atlántica, una cifra que evidencia la magnitud del fenómeno migratorio que soportan las islas.
Paralelamente, miles de esas personas han sido trasladadas posteriormente a la Península. El propio Gobierno reconoció en respuesta parlamentaria que durante 2023 fueron derivados alrededor de 29.000 inmigrantes desde Canarias al territorio peninsular.
Críticas a la gestión de Moncloa
Las críticas se dirigen directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Instituciones canarias, sindicatos policiales y distintos responsables locales reprochan a Moncloa haber afrontado la crisis mediante medidas coyunturales y actuaciones de emergencia, sin una estrategia estable que combine control fronterizo, cooperación con los países de origen y refuerzo permanente de efectivos.
Mientras tanto, los municipios receptores siguen asumiendo buena parte del impacto logístico y asistencial. El temor en el archipiélago es que los episodios registrados durante las últimas semanas en El Hierro y otras islas no constituyan un hecho aislado, sino el preludio de una nueva fase de presión migratoria en la frontera sur de Europa.
Las previsiones continúan siendo inciertas. Aunque las llegadas descendieron respecto al récord de 2024, los expertos recuerdan que las salidas desde países como Senegal, Mauritania o Gambia dependen de factores económicos, políticos y sociales difíciles de controlar a medio plazo.
Para muchos agentes destinados en Canarias, el problema ya no es únicamente migratorio. Es también una cuestión de medios, planificación y capacidad de respuesta. Y, según denuncian, las soluciones provisionales se han convertido demasiado a menudo en la norma.
