La candidata del PSOE al Congreso por Valencia y exdelegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha sido denunciada ante la Fiscalía Provincial de Valencia por presuntos delitos de prevaricación y nombramiento ilegal relacionados con la designación de José Rodríguez Jurado como subdelegado del Gobierno en Valencia. El caso abre un nuevo frente judicial y político en torno a la promoción administrativa del que fuera su principal colaborador.
La denuncia, presentada el pasado 28 de octubre, solicita al Ministerio Público que investigue si Bernabé tenía conocimiento de las advertencias emitidas por la Agencia Valenciana Antifraude sobre la situación administrativa de Rodríguez Jurado cuando firmó su nombramiento en febrero de 2024. Según el escrito, esa circunstancia resulta clave para determinar si la decisión pudo adoptarse con pleno conocimiento de posibles irregularidades previas.
El origen de la controversia se encuentra en el ascenso funcionarial de Rodríguez Jurado dentro del Ayuntamiento de Canet de Berenguer. La Agencia Valenciana Antifraude cuestionó en 2022 el procedimiento que permitió al funcionario acceder al subgrupo A1, una categoría indispensable para desempeñar posteriormente el cargo de subdelegado del Gobierno. El organismo fiscalizador consideró que dicho ascenso podía contravenir la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la promoción interna en la función pública.
Advertencias de Antifraude a Bernabé
La denuncia sostiene que las advertencias de Antifraude eran anteriores en más de un año al nombramiento firmado por Bernabé y reclama averiguar qué información llegó realmente a la Delegación del Gobierno antes de la designación. El objetivo es determinar si existieron informes, comunicaciones o alertas que pudieran haber puesto en conocimiento de la entonces delegada los posibles problemas legales asociados al expediente.
El escrito también invoca el artículo 405 del Código Penal, que sanciona a la autoridad que nombre para un cargo público a una persona que no reúna los requisitos exigidos, siempre que actúe con conocimiento de dicha circunstancia. De forma alternativa, plantea la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa.
Solicitud de informes y documentación
Entre las diligencias solicitadas figura la incorporación del expediente completo de nombramiento, los informes jurídicos elaborados durante el proceso y la documentación utilizada para acreditar los requisitos profesionales de Rodríguez Jurado. Asimismo, se pide recabar las comunicaciones mantenidas entre la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Canet de Berenguer y la Agencia Valenciana Antifraude.
La Fiscalía deberá decidir ahora si abre diligencias de investigación o si remite la denuncia al juzgado que ya analiza las presuntas irregularidades relacionadas con la promoción funcionarial de Rodríguez Jurado. La resolución de esa cuestión será determinante para esclarecer si el nombramiento respondió a un procedimiento plenamente ajustado a derecho o si existen indicios suficientes para continuar la investigación por la vía penal.

























