La investigación judicial sobre la invasión en Ceuta durante el pasado verano ha dado un nuevo giro. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón trata ahora de esclarecer si las autoridades españolas contaban con información previa sobre la llegada de miles de personas a la ciudad autónoma y, en caso afirmativo, qué actuaciones se llevaron a cabo para afrontar aquella situación.
La magistrada ha citado a declarar al cónsul general de España en Tánger después de que varios testimonios situaran al diplomático en Ceuta apenas dos días antes de que se produjera la crisis migratoria. Según consta en la causa, un agente de la Policía Nacional destinado en la frontera aseguró que recibió órdenes inusuales para habilitar un carril específico con el fin de facilitar la entrada urgente del representante consular.
De acuerdo con ese testimonio, entre los funcionarios destinados en la zona circuló la versión de que el cónsul habría acudido para transmitir una advertencia sobre la posibilidad de una entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. Aunque el propio agente reconoció no disponer de conocimiento directo sobre ese extremo, la jueza considera necesario aclarar los hechos y conocer con quién se reunió el diplomático y qué información trasladó durante aquella visita.
Alertas previas
El auto judicial plantea interrogantes relevantes: qué datos manejaba el Consulado sobre la situación en el norte de Marruecos, si existían alertas previas sobre movimientos migratorios extraordinarios y si dichas informaciones fueron comunicadas a la Delegación del Gobierno, a las fuerzas de seguridad o a otras autoridades españolas.
Paralelamente, la Policía Nacional continúa profundizando en la investigación sobre el origen de la movilización. Un informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia de Fronteras (CENIF) analiza 19 grupos de WhatsApp con más de un millar de participantes en los que se difundieron mensajes relacionados con el cruce hacia Ceuta.
Según las conclusiones policiales, los investigadores han detectado decenas de conexiones telefónicas que podrían estar relacionadas con miembros de cuerpos de seguridad o servicios de inteligencia marroquíes. El informe sostiene que determinados perfiles actuaban como enlaces dentro de una estructura organizada destinada a amplificar las convocatorias y facilitar la difusión de los mensajes.
Más diligencias en marcha
Estas conclusiones contrastan con las valoraciones realizadas previamente por el CNI, que no halló pruebas suficientes para determinar la existencia de una dirección centralizada ni una vinculación acreditada con el aparato estatal marroquí. Mientras los informes policiales apuntan a una posible planificación coordinada, los servicios de inteligencia españoles consideran que la movilización pudo alcanzar una enorme difusión de manera descentralizada a través de las redes sociales.
Con nuevas declaraciones previstas en las próximas semanas y más diligencias en marcha, la investigación judicial busca esclarecer dos cuestiones clave: si el Estado conocía de antemano lo que iba a ocurrir y si detrás de la avalancha migratoria existió algún tipo de coordinación organizada desde Marruecos.






















