La agonía del sector primario en España ha dejado de ser una advertencia para convertirse en una realidad estadística desoladora. Según los últimos informes del sector, más de once mil empresas agrícolas han bajado la persiana de forma definitiva en los últimos cuatro años. Este desmantelamiento silencioso de nuestra soberanía alimentaria es el resultado directo de una combinación letal de políticas ideológicas, asfixia burocrática y falta de rentabilidad.
El agricultor español se encuentra atrapado en una pinza insoportable. Por un lado, las exigencias de la Agenda 2030 y las normativas medioambientales de Bruselas encarecen enormemente la producción. Por otro, la competencia desleal de terceros países como Marruecos, que inundan nuestros mercados con productos mucho más baratos y sin los estrictos controles fitosanitarios que se exigen aquí, termina por hundir los precios en origen.
El drama de la falta de relevo generacional en el campo
Uno de los datos más alarmantes que denuncian las organizaciones agrarias es la práctica inexistencia de jóvenes que quieran incorporarse a la actividad. No hay relevo generacional porque nadie quiere heredar un negocio condenado a las pérdidas y al acoso administrativo constante. El campo se está vaciando de gente y de futuro ante la pasividad de un Gobierno que parece más preocupado por los eslóganes ecológicos que por el pan de sus ciudadanos.
Sin jóvenes en las explotaciones, los pueblos se mueren y la tierra queda abandonada. Esta situación favorece la aparición de grandes fondos de inversión que compran tierras a precio de saldo o el despliegue masivo de placas solares en terrenos que antes eran productivos, destruyendo de paso el paisaje y la cultura rural tradicional que ha vertebrado España durante siglos.
Una burocracia asfixiante que expulsa al productor
El papeleo se ha convertido en una labor más extenuante que la propia labranza. La obligación de cumplir con el cuaderno digital, las inspecciones constantes y la complejidad de las ayudas de la PAC hacen que muchos pequeños empresarios agrícolas tiren la toalla por puro agotamiento mental. El Estado trata al agricultor como a un sospechoso habitual en lugar de como a un aliado estratégico esencial.
A esta carga administrativa se suman los disparatados costes de la energía, el gasóleo agrícola y los fertilizantes, que se han multiplicado en los últimos ejercicios. Trabajar de sol a sol para acabar debiendo dinero al banco al final de la cosecha no es un modelo sostenible, y las once mil empresas cerradas son la prueba irrefutable de que el sistema ha colapsado.
Es hora de proteger lo nuestro frente a los dictados de Bruselas
España necesita una política agraria nacional fuerte que defienda los intereses de nuestros productores por encima de los acuerdos comerciales globales que solo favorecen a las grandes distribuidoras. Hace falta menos ideología verde de despacho y más sentido común de surco. El derecho a comer productos de nuestra tierra debería ser una prioridad absoluta de seguridad nacional.
Si no se acomete una bajada drástica de impuestos al sector, se eliminan las trabas burocráticas y se exige reciprocidad real en las fronteras, el campo español terminará por desaparecer. Las once mil empresas perdidas son solo el principio de una desindustrialización rural que nos hará totalmente dependientes de lo que decidan exportarnos países que no respetan ni nuestras normas ni nuestros valores.
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