La tensión comercial entre España y Marruecos en el sector hortofrutícola continúa creciendo. El conflicto por las importaciones de tomate marroquí al mercado europeo ha dado un nuevo giro después de que Rabat haya abierto una investigación antidumping contra las salsas de tomate procedentes de España. Al mismo tiempo, organizaciones agrarias de cinco países europeos han unido fuerzas para denunciar las diferencias de condiciones de producción y reclamar una mayor protección para los agricultores comunitarios.
El enfrentamiento comercial entre ambos territorios suma así un nuevo episodio, en un momento en el que Marruecos ha reforzado notablemente su presencia en el mercado europeo del tomate y se ha convertido en uno de sus principales proveedores.
Marruecos investiga las importaciones de salsa de tomate española por posible dumping
El Ministerio de Comercio Exterior de Marruecos ha iniciado una investigación para determinar si el aumento de las importaciones de salsa de tomate española está perjudicando a la industria conservera nacional. Las autoridades marroquíes pretenden comprobar si estos productos llegan al mercado a precios inferiores a los considerados habituales y si esta situación justifica la aplicación de medidas comerciales.
El procedimiento comenzó el 12 de noviembre de 2026 y se centra en las operaciones realizadas entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. Además, las autoridades analizarán la evolución de las importaciones desde 2023 para conocer cómo ha cambiado la situación durante los últimos años.
La investigación se ha puesto en marcha a raíz de una denuncia presentada por la Federación de las Industrias de Conservas de Productos Agrícolas de Marruecos. La organización actúa en representación de tres empresas del sector: Vinaigrerie Moutarderie du Maroc (VMM), Agro Juice Processing (AJP) y Les Conserves de Meknès.
En conjunto, estas compañías concentran alrededor del 90% de la producción marroquí de salsas de tomate. Según argumentan en su denuncia, los productos españoles estarían entrando en el mercado a precios que podrían constituir una práctica de dumping.
Los denunciantes sitúan el supuesto margen de dumping por encima del 2% del precio de exportación, el umbral mínimo contemplado en este tipo de procedimientos. Ahora, las empresas españolas afectadas tendrán que facilitar la documentación y los datos necesarios para que Marruecos determine si existen motivos para establecer medidas de protección comercial.
Cinco países europeos se unen para defender al tomate comunitario
Mientras Marruecos examina las importaciones de salsa de tomate española, el sector agrario europeo ha decidido coordinar su respuesta frente al crecimiento de las exportaciones hortofrutícolas marroquíes.
Organizaciones agrícolas de España, Francia, Italia, Portugal y Polonia han puesto en marcha una campaña conjunta bajo el lema «We Europe». Su objetivo es reivindicar unas condiciones de competencia más equilibradas y denunciar las diferencias entre los requisitos que deben cumplir los agricultores europeos y los productores de terceros países.
Las asociaciones participantes consideran que los productores comunitarios soportan unas exigencias mucho más estrictas en materia de seguridad alimentaria, utilización de productos fitosanitarios, protección medioambiental y derechos laborales.
Uno de los aspectos que más preocupa al sector es la diferencia en los costes de contratación. Un estudio elaborado por Légumes de France en 2023, citado posteriormente en un informe del Ministerio francés de Agricultura, sitúa el salario mínimo europeo en torno a los 10 euros por hora, frente a los aproximadamente 0,98 euros de Marruecos.
Esta diferencia salarial es uno de los argumentos utilizados por las organizaciones agrarias para denunciar la desigualdad competitiva entre ambos mercados.
Las diferencias en el uso de fitosanitarios, otro foco de polémica
La campaña europea también pone el foco en las normas sobre productos fitosanitarios y sustancias químicas utilizadas durante los procesos de producción agrícola.
Las organizaciones denuncian la utilización en Marruecos de sustancias prohibidas en la Unión Europea, entre ellas el bromuro de metilo, cuyo uso está vetado desde 2005 debido a su impacto negativo sobre la capa de ozono.
Frente a estas prácticas, las asociaciones agrarias destacan los esfuerzos económicos y tecnológicos realizados por los agricultores europeos para adaptar sus explotaciones a unos requisitos medioambientales cada vez más exigentes.
Entre las inversiones que ponen en valor se encuentran la optimización del consumo de agua, la incorporación de energías renovables, la mejora genética de las variedades agrícolas y la aplicación de técnicas de control biológico de plagas.
El sector considera que estas exigencias suponen un importante esfuerzo económico para los productores europeos y reclama que los productos importados estén sometidos a controles y garantías equivalentes.
Marruecos se consolida como principal proveedor de tomate de la Unión Europea
El trasfondo de esta disputa comercial está relacionado con el importante crecimiento de las exportaciones agrícolas marroquíes hacia Europa durante los últimos años.
Desde la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos en 2012, las importaciones comunitarias de frutas y hortalizas procedentes del país norteafricano han experimentado un incremento del 71%.
En términos de volumen, las compras europeas han pasado de 831.338 toneladas a aproximadamente 1,4 millones de toneladas.
El tomate es uno de los productos que mejor refleja esta evolución. Desde 2022, Marruecos ocupa la primera posición como proveedor de tomate de la Unión Europea, desplazando a otros países con una larga trayectoria en el sector hortofrutícola.
Esta situación ha generado preocupación entre las organizaciones agrarias de España, Francia, Italia, Portugal, Polonia y Países Bajos, que consideran que el crecimiento de las importaciones está aumentando la presión sobre los agricultores europeos.
Las asociaciones integradas en COPA-COGECA también han trasladado sus reivindicaciones sobre las condiciones de acceso al mercado comunitario y la necesidad de garantizar una competencia más equilibrada.
El conflicto del tomate también salpica al Sáhara Occidental
A las diferencias comerciales y productivas entre Europa y Marruecos se suma otra cuestión especialmente delicada: el origen de determinados productos agrícolas procedentes del Sáhara Occidental.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado varias resoluciones que cuestionan la aplicación de determinados acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos a los productos originarios de este territorio cuando no se cumplen los requisitos relativos al consentimiento de su población y a la correcta identificación de su procedencia.
La cuestión ha vuelto a cobrar protagonismo tras la modificación del acuerdo comercial aprobada en octubre de 2025, que salió adelante por una diferencia de un solo voto.
El nuevo planteamiento contempla la posibilidad de extender determinadas ventajas arancelarias a productos procedentes del Sáhara Occidental mediante denominaciones regionales marroquíes, entre ellas Dajla Oued Ed-Dahab y El Aaiún-Sakia El Hamra.
Sin embargo, la ratificación definitiva continúa pendiente y todavía no se ha establecido una fecha para la votación correspondiente.
La guerra comercial del tomate entre España y Marruecos sigue abierta
La investigación marroquí sobre las salsas de tomate españolas y la movilización de las organizaciones agrarias europeas reflejan el aumento de las tensiones comerciales en el sector hortofrutícola.
España y otros países comunitarios reclaman condiciones de competencia más justas para sus agricultores, mientras Marruecos defiende los intereses de su industria conservera mediante una investigación sobre las importaciones procedentes del mercado español.
El resultado de este enfrentamiento puede tener consecuencias importantes para el futuro del comercio agrícola entre ambas orillas del Mediterráneo, especialmente en un sector tan estratégico como el del tomate.
La principal incógnita es si la Unión Europea adoptará nuevas medidas para reforzar los controles sobre las importaciones agrícolas y garantizar que los productores comunitarios compitan bajo unas condiciones equivalentes a las de los países extracomunitarios.

























