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El Tribunal Supremo revisa la seguridad de los 61.603 móviles que Interior no acreditó ante la Junta Electoral Central

Analizará los nuevos certificados aportados por el Ministerio del Interior sobre los dispositivos que se utilizarán en las mesas electorales del 29-N para verificar el DNI digital

El Tribunal Supremo revisa la seguridad de los 61.603 móviles que Interior no acreditó ante la Junta Electoral Central
El Gobierno quiere validar el voto directo digital/imagen LA BANDERA IA
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Apenas nueve días antes de las elecciones, el Tribunal Supremo ha abierto un nuevo frente sobre la seguridad de los 61.603 teléfonos móviles que el Gobierno tiene previsto distribuir entre las mesas electorales para verificar la identidad de los votantes mediante la aplicación MiDNI el próximo 29 de noviembre.

La Sala ha concedido a las partes personadas un plazo extraordinario para examinar la documentación técnica que el Ministerio del Interior ha presentado recientemente, después de que el tribunal reclamara explicaciones sobre los controles de seguridad aplicados a estos dispositivos.

La cuestión central del procedimiento está en determinar si los documentos que Interior entregó inicialmente a la Junta Electoral Central (JEC) eran suficientes para acreditar la seguridad de todo el sistema o si, por el contrario, únicamente justificaban el funcionamiento del código QR utilizado por el DNI digital.

Interior acreditó la autenticidad del QR, pero no la seguridad de los móviles

Para conseguir que la Junta Electoral Central autorizara nuevamente el uso de MiDNI, el Gobierno presentó un informe elaborado por la Dirección General de la Policía. En él se detallaba el funcionamiento del código QR empleado para verificar la identidad de los ciudadanos.

El documento explicaba que este código es generado y firmado por la Policía Nacional, cuenta con una vigencia limitada y permite comprobar la autenticidad de la información mediante dispositivos con cámara y navegador, como teléfonos móviles, tabletas u ordenadores.

Posteriormente, Carmen López García, directora general de Política Interior, comunicó a la JEC que los terminales permitirían realizar estas comprobaciones de manera segura y con las correspondientes garantías.

Sin embargo, existía una diferencia importante que no quedó acreditada en aquella documentación: la autenticidad del código QR no demuestra, por sí sola, que los teléfonos utilizados para escanearlo sean seguros.

El informe policial no incluía una certificación completa de los 61.603 dispositivos. Tampoco aportaba una auditoría específica sobre sus sistemas operativos, las aplicaciones instaladas, las conexiones de comunicación, el almacenamiento de información o las herramientas de gestión remota.

Por tanto, la documentación inicial justificaba la fiabilidad del código de verificación, pero no acreditaba de forma integral la seguridad de los terminales que se emplearán durante la jornada electoral.

La investigación de El Debate acaba ante el Tribunal Supremo

La diferencia entre la seguridad del QR y la de los teléfonos móviles fue uno de los aspectos destacados por la investigación de El Debate, que puso el foco en la falta de documentación técnica sobre los dispositivos electorales.

A raíz de estas informaciones, Iustitia Europa presentó un recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central y solicitó al Tribunal Supremo la suspensión cautelarísima del sistema MiDNI.

La Sala decidió no adoptar una paralización inmediata sin escuchar previamente a las demás partes implicadas, aunque mantuvo abierta la vía cautelar para estudiar las posibles deficiencias denunciadas.

El 17 de noviembre, el Supremo dio un paso más y requirió a Carmen López García para que certificara, bajo su responsabilidad, si los teléfonos habían superado los controles de seguridad previstos en el artículo 22 del Esquema Nacional de Seguridad.

Además, el tribunal estableció que, en caso de existir esa verificación, Interior debía presentar los documentos técnicos que justificasen los procedimientos de control y las medidas de seguridad aplicadas.

Con este requerimiento, el foco judicial dejó de estar exclusivamente en el funcionamiento del DNI digital y pasó a centrarse también en los terminales adquiridos para utilizarlo en los colegios electorales.

Los nuevos certificados de Interior llegan después del requerimiento judicial

La Abogacía del Estado presentó la respuesta del Gobierno el 19 de noviembre. Según recoge la última providencia del Tribunal Supremo, el escrito incluye diferentes certificados elaborados por Carmen López García para dar cumplimiento a las exigencias formuladas por la Sala.

Esta documentación no formaba parte del expediente que Interior había remitido inicialmente a la Junta Electoral Central. Su presentación se ha producido como consecuencia directa del requerimiento realizado por el Supremo dentro del procedimiento judicial iniciado tras el recurso de Iustitia Europa.

El tribunal ha decidido trasladar los nuevos documentos a todas las partes personadas para que puedan estudiarlos y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

El plazo común finalizará el lunes 23 de noviembre a las 15:00 horas. Debido a la proximidad de las elecciones, la Sala ha habilitado expresamente el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre para que los implicados puedan revisar la documentación.

La medida evidencia la urgencia con la que el Supremo está tramitando este asunto, dado que el uso de los dispositivos está previsto para la jornada electoral del 29 de noviembre.

Iustitia Europa, la JEC y el Gobierno, personados en el procedimiento

En el procedimiento judicial participan varias partes con posiciones diferentes.

Iustitia Europa figura como entidad recurrente y promotora de la solicitud de suspensión cautelar de MiDNI. Su impugnación cuestiona las garantías de seguridad del sistema previsto para verificar la identidad de los electores mediante teléfonos móviles.

Por su parte, la Junta Electoral Central es la Administración recurrida, al ser el organismo que adoptó el acuerdo por el que volvió a autorizar la utilización de la aplicación.

La Administración General del Estado también está personada como codemandada y cuenta con la representación de la Abogacía del Estado, que ha sido la encargada de presentar los nuevos certificados solicitados por el tribunal.

A este procedimiento ha intentado incorporarse igualmente el Partido Popular. La formación solicitó el 19 de noviembre su comparecencia como parte interesada, aunque el Supremo todavía no ha aceptado su personación en esos términos.

La Sala le ha requerido que precise si pretende intervenir como codemandado, ya que considera que esa sería la única posición procesal posible en el procedimiento.

Asimismo, el tribunal ha ordenado que la documentación técnica sea examinada con carácter reservado por las partes personadas, debido a la naturaleza sensible de la información que contiene.

El Supremo todavía no ha confirmado la seguridad de los 61.603 dispositivos

Uno de los aspectos más relevantes de la última resolución judicial es que el Supremo no ha realizado todavía ninguna valoración definitiva sobre la seguridad de los teléfonos móviles.

La providencia señala que los nuevos documentos contienen información sensible relacionada con los controles de seguridad y los sistemas de verificación de los terminales. Sin embargo, no detalla qué tipo de certificaciones ha presentado exactamente el Ministerio del Interior.

Por el momento, tampoco se ha confirmado si la documentación incluye auditorías independientes, certificaciones oficiales del Esquema Nacional de Seguridad o informes internos elaborados por la propia Administración.

La revisión de estos documentos será determinante para que las partes puedan valorar si los controles exigidos se han cumplido y si las garantías técnicas aportadas por el Gobierno resultan suficientes.

Con las elecciones del 29-N cada vez más cerca, el procedimiento judicial mantiene bajo examen los 61.603 móviles que se utilizarán para verificar el DNI digital en las mesas electorales. La incógnita sigue siendo si Interior ha acreditado realmente la seguridad integral de los dispositivos o si sus explicaciones se han limitado, hasta ahora, a demostrar la autenticidad del código QR.

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