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El CGPJ debatirá el 21 de marzo dos informes contrapuestos a la proposición de Ley de amnistía

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Los vocales ponentes del CGPJ, Wenceslao Olea y Mar Cabrejas, trasladaron sus propuestas de informe al resto de miembros del órgano de Gobierno de los jueces

El Pleno del CGPJ debatirá y votará el informe a la proposición de Ley de amnistía de Sánchez a los políticos encausados por delitos como terrorismo y malversación de los que depende su permanencia en Moncloa.

Los vocales ponentes, Wenceslao Olea y Mar Cabrejas, han traslado hoy al resto de los miembros del CGPJ sus respectivas propuestas de informe, la del primero opuesta y la de la segunda favorable a las pretensiones de los promotores de la ley.

Resumen de la propuesta de informe al CGPJ de Wenceslao Olea

La propuesta de informe del vocal Wenceslao Olea concluye que la motivación de la amnistía tiene, como causa directa, el acuerdo de 9 de noviembre de 2023 entre el PSOE y Junts, de manera que la invocación a un pretendido interés general o se asimila con los intereses de ese acuerdo o se deja sin explicar, sin que quepa extraerlo de ninguna otra circunstancia.

Asimismo, afirma que la Constitución Española (CE), al excluir la amnistía, exige al legislador que justifique la adecuación de la proposición de ley orgánica a todos y cada uno de los valores que la Carta Magna impone a la potestad legislativa, lo que no se aprecia en el texto del proyecto.

En este sentido, también se pone de manifiesto que ni la doctrina del Constitucional, ni la jurisprudencia del Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho.

Tramitación arbitraria, contra la separación de poderes y la igualdad ante la ley

Por lo que respecta a la tramitación parlamentaria, la propuesta considera que es arbitraria y que no se motiva su urgencia, debiendo haberse optado por la vía del proyecto de ley, atendida la excepcionalidad jurídica y la trascendencia social del asunto.

Por otra parte, considera que la proposición de ley orgánica socava el derecho a la igualdad, ya que no se justifica el trato diferencial más beneficioso de los sujetos abarcados por la amnistía en relación con el resto de los ciudadanos.

Además, el texto analizado vulnera el principio de separación de poderes, porque, según la regulación constitucional, no resulta admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones de los Tribunales, salvo en supuestos expresamente autorizados por la CE, como los indultos particulares acordados por el Ejecutivo.

Omite el Código Penal español para que se aplique una directiva de la UE sobre terrorismo

El ponente considera que la proposición de ley orgánica no delimita con la suficiente y exigible claridad, ni con el adecuado respeto al principio de seguridad jurídica, el ámbito objetivo de la amnistía, pues la amplia indeterminación de los preceptos puede desembocar en interpretaciones jurídicas diversas.

En su opinión, resulta imperativa la exclusión de la amnistía de delitos de terrorismo conforme a la normativa nacional, que ha traspuesto la Directiva comunitaria citada en la proposición de Ley con el fin último de evitar que la amnistía abarque cualquier tipo de acto terrorista cometido en el contexto del proceso independentista.

La propuesta de informe llama la atención sobre la omisión que del Código Penal se hace en relación con este delito, con la patente intención de que la tipificación contenida en el Derecho nacional no sea utilizada por los órganos judiciales españoles, y sí directamente la Directiva europea, lo que supone desconocer la naturaleza y forma de aplicación de esta clase de normativa.

Resumen de la propuesta de informe de Mar Cabrejas

La propuesta de informe de la vocal Mar Cabrejas sostiene que el artículo 66.2 de la CE, que atribuye a las Cortes Generales la potestad legislativa y “no existiendo una prohibición expresa en la CE para aprobar una amnistía, el legislador puede adoptar este tipo de medida”, si bien deberá estar sujeta a límites derivados de la CE.

Según la ponente, “una ley de amnistía es excepcional, retroactiva y temporal, pero ello no le priva de la cualidad de ley” y que su constitucionalidad pasa por acreditar que con ella se persigue un fin legítimo que justifica de forma objetiva y razonable la diferencia de trato dispensada a las conductas delictivas amnistiadas respecto de aquellas otras que no lo son.

Considera que los informes exceden la función consultiva del CGPJ

La vocal considera que la formulación de un juicio de ese tipo excede de la función consultiva del CGPJ: “No corresponde a este órgano constitucional la competencia para aplicar un canon o test de constitucionalidad a una iniciativa legislativa que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria”, pues el control de tiene por objeto leyes publicadas y es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional.

La propuesta de informe señala que la proposición de ley describe “con detalle y minuciosidad” los actos a los que se extiende su ámbito, pero que también “contiene algunas fórmulas excesivamente abiertas e indeterminadas como ‘cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad’ o ‘cualesquiera otros actos tipificados como delitos realizados con idéntica intención’”.

Coincide con Olea en la indefinición de la ley

En relación con el espacio temporal de los actos amnistiados, dice que la fecha inicial finalmente establecida, el 1 de noviembre de 2011, “no responde a una precisa razón expresada en la exposición de motivos, ni su justificación se desprende del conjunto de la proposición”.

Advierte también que al incluir en el ámbito de aplicación de la ley actos cuya realización se inició antes del día 13 de noviembre de 2023, “aunque su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha”, se genera “una suerte de espacio de no responsabilidad que no resulta compatible con el carácter de ley excepcional de la amnistía”.

Sobre la exclusión de los actos terroristas según la UE “y, a su vez, hayan causado de forma intencionada violaciones graves de derechos humanos”, la ponente afirma que “su formulación precisa necesariamente de una interpretación del concepto ‘violaciones graves de los derechos humanos’ que puede generar dudas aplicativas”.

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