El Consejo advierte sobre una ‘inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes’
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de su comisión permanente ha emitido un comunicado ante las acusaciones de practicar ‘lawfare’ (judicialización de la política) contenidas en el acuerdo de legislatura suscrito ayer, 9 de noviembre, en Bruselas por las delegaciones del PSOE y Junts.
En consonancia con otras instituciones del Poder Judicial, como todas las asociaciones de Jueces, los fiscales, o los letrados de la Administración de Justicia, el CGPJ advierte de la deriva totalitaria de medidas incluidas en el acuerdo.
La medida más grave, similar a las creadas en su momento en las narcodictaduras hispanoamericanas para terminar con la separación de poderes, implica la creación de comisiones parlamentarias que auditen el trabajo de los tribunales determinando qué acciones judiciales son -o no son- el supuesto “lawfare”.
Comunicado del CGPJ ante las acusaciones de Sánchez y sus cómplices
Ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al ‘lawfare’ -judicialización de la política- contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan “responsabilidades” derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de ‘lawfare’, nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales.
Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos.
Paralelamente hemos de expresar nuestro apoyo real y no meramente nominal a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco de la legalidad en cada momento, vigente garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos.
