Las asociaciones de Jueces alertan que el acuerdo de PSOE y Junts incluye comisiones parlamentarias para controlar el ‘lawfare’ de procedimientos y decisiones judiciales
Con unanimidad inédita en España, asociaciones judiciales y de Fiscales de diferente color ideológico y el Consejo General del Poder Judicial han emitido sendos comunicados para rechazar las acusaciones de “lawfare” (judicialización de la política) vertidas en el acuerdo entre PSOE y Junts que establece el precio al apoyo separatista a la investidura de Sánchez.
Los socialistas y los independentistas mencionan en el documento la acusación a la Justicia de practicar persecución ideológica por el hecho de investigar y juzgar delitos tan graves como el terrorismo separatista y el golpe de estado del delincuente fugitivo Puigdemont.
Comisiones de políticos decidirán qué delitos pueden instruir y juzgar los jueces
El acuerdo establece la formación de comisiones de investigación parlamentarias que controlarán el trabajo de los jueces, decidiendo qué instrucciones de delitos son, o no, el presunto “lawfare”.
Tanto más premonitoria resulta la acusación, porque el PSOE asume la misma jerga antisistema que utilizaron en su momento los narcodictadores hispanoamericanos como excusa para laminar el Poder Judicial de sus naciones, convirtiéndolo en un ministerio más de la autocracia.
El comunicado de todas las asociaciones de Jueces de España contra la ‘quiebra de la separación de poderes’
Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al “lawfare o judicialización de la política” y sus consecuencias.
El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes.
Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución.
Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta.
Madrid, 9 de noviembre de 2023
Firman el comunicado las cuatro asociaciones de Jueces de España: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia y la Asociación de Jueces ‘Foro Judicial Independiente’.
