Galindo pasa en dos días del Ejecutivo al Legislativo. Los recurrentes consideran que es un nombramiento a medida para facilitar la amnistía
La Asociación Reconciliación y Verdad Histórica ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda cautelarmente el nombramiento de Fernando Galindo como nuevo secretario general y letrado mayor del Congreso por su vinculación al PSOE y porque llega desde el mismo Ejecutivo donde ejercía el cargo de subsecretario del Ministerio de Política Territorial.
Según los recurrentes, la designación de Fernando Galindo responde a motivos políticos, porque es un nombramiento a medida para una persona que pasa del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo en 48 horas, y servirá para facilitar una ley de amnistía elaborada por el propio gobierno del que formaba parte.
Para la asociación, resulta imprescindible para desempeñar el cargo de letrado mayor del congreso una “posición técnica y de neutralidad absoluta respecto a los partidos políticos” inexistente en el nombramiento de Galindo.
Galindo dejó su cargo en el Ejecutivo dos días antes de su nombramiento
El recurso alega que Galindo incurre en un conflicto de intereses y en incompatibilidades según la ley que regula el ejercicio de altos cargos en la Administración General del Estado, ya que dejó su cargo en el Gobierno dos días antes del nombramiento y ahora asumirá un puesto relevante en el Congreso, donde tendrá un papel decisivo en la posible ley de amnistía.
Los partidos de la oposición también han expresado su desacuerdo al considerar que Galindo es el instrumento de Sánchez para legitimar la ley de amnistía negociada con el delincuente fugitivo Puigdemont.
Interrogantes sobre la imparcialidad de Galindo para el cargo
La propuesta de Galindo ha causado sorpresa en el Cuerpo de Letrados del Congreso, que está compuesto por alrededor de 50 funcionarios repartidos entre la Cámara Alta y la Cámara Baja.
En ese sentido, la asociación argumenta ante el Supremo que la designación de Galindo vulnera derechos constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad, el acceso a la función pública en igualdad de condiciones, la neutralidad y la separación de poderes.
El recurso recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación ante el Supremo argumenta que Galindo es un miembro activo del PSOE y, hasta hace poco, formaba parte del Gobierno, lo que plantea interrogantes sobre su imparcialidad para el cargo.
The Objective añade que en el recurso también se señala que la pareja de Galindo ocupó el cargo de directora general de Relaciones con las Cortes del ministerio dirigido por Bolaños (uno de los negociadores con los independentistas), circunstancia que agrega más preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses.
