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El Colegio de Abogados de Madrid se querella contra la Fiscalía por filtrar comunicaciones del abogado de la pareja de Ayuso

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Ante la inseguridad en el secreto de las comunicaciones de los abogados, el ICAM se desvincula del protocolo establecido con la Fiscalía

Tras el escándalo de la filtración de las comunicaciones confidenciales entre el abogado de la pareja de Ayuso y la Fiscalía, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) interpondrá una denuncia administrativa y otra penal para depurar responsabilidades.

En una rueda posterior a la Junta de Gobierno de este lunes, el decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, ha anunciado acciones legales en defensa del abogado que representa a Alberto G. A. al revelarse el pasado jueves en una nota de la Fiscalía de Madrid el supuesto ofrecimiento de un pacto por parte del letrado en el marco de la investigación de un presunto fraude fiscal.

¿Qué presunto delito cometió la Fiscalía?

Según relató el ICAM, “El pasado jueves, a las 10:22 horas de la mañana, la Fiscalía Provincial de Madrid, remitió a los medios de comunicación una nota de prensa que recogía datos concretos de unas diligencias de investigación”, lo que produjo “una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados”.

La Fiscalía detalló en el comunicado “fechas y contenido de conversaciones y reuniones entre el Ministerio Fiscal y el Abogado del investigado, produciendo todo ello una ruptura del principio de confidencialidad que es pilar básico para un adecuado ejercicio del derecho de defensa, consagrado en el artículo 24 de la Constitución”.

El ICAM consideró de extrema gravedad “La divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal”.

Además, “también incumple flagrantemente el protocolo de actuación para juicios de conformidad entre el Ministerio Fiscal y el cuerpo de letrados”, regulado por la propia Fiscalía General del Estado, para facilitar acuerdos entre acusación y defensa sin tener que llegar a un juicio.

El ICAM presenta denuncias por las vías administrativa y penal

Para el Colegio de abogados, la publicación de dicha información por la Fiscalía “Constituye una vulneración sin paliativos” del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establece, como pauta general de actuación, el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados”.

El ICAM presenta “una denuncia formal que inicia un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.

Dicha normativa, recuerda el Colegio “sanciona expresamente la divulgación indebida de información por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal, información obtenida durante o por motivo de sus funciones, especialmente cuando dicha revelación perjudica la integridad de los procesos judiciales o afecta a cualquier individuo involucrado”.

“Se ha constatado una violación flagrante, por parte de la Fiscalía de la AP de Madrid, del artículo 4.5 EOMF, que exige un estricto cumplimiento de los deberes de confidencialidad y discreción, salvaguardando los derechos de los afectados”, añadió el ICAM.

En cuanto a las consecuencias penales, el Colegio ha dado instrucciones a sus Servicios Jurídicos pare presentar otra denuncia “por las posibles responsabilidades penales que hubiere podido hacer lugar por razón del Comunicado Oficial de la Fiscalía AP de Madrid, y en su caso, la personación de este colegio en la causa como parte interesada”.

El procedimiento filtrado implica la asunción de responsabilidades por la defensa para llegar a un acuerdo con la Fiscalía

El ICAM recordó que la información filtrada es parte de un procedimiento firmado entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Abogacía Española para agilizar procesos judiciales cuando las partes involucradas llegan a un acuerdo antes del juicio.

Se trata de un procedimiento voluntario “y en él se establecen los mecanismos y las garantías de las partes para facilitar un acuerdo entre la defensa y la acusación” y establece “la asunción de responsabilidades por parte de la defensa para poder iniciar el correspondiente acuerdo con la Fiscalía”.

“Por lo tanto, la publicación por parte de Fiscalía, de una información confidencial recogida y exigida por el mismo protocolo del que este órgano forma parte es de una gravedad sin precedentes”, añadió el ICAM.

Tras la filtración, “El Colegio, hasta que no se establezcan mecanismo reforzados de confidencialidad se desvincula del Protocolo de Conformidades. Y por ello desde este momento insta a una revisión del actual protocolo de conformidades, dada su inadecuación y a que, vistos los hechos, el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado”, zanjó la ICAM.

El ICAM se desvincula del protocolo de la Fiscalía hasta que no se refuerce la confidencialidad

La enésima cortina de humo del Gobierno para sacar del foco público la avalancha de escándalos judicializados del ‘caso PSOE‘ y el ataque frontal a la igualdad ante la Ley y la separación de poderes de la amnistía, amenaza con volverse contra sus urdidores ante la acción decidida de instituciones aún no colonizadas por políticos, en este caso el Colegio de abogados de Madrid.

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