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El presidente del CGPJ tacha la amnistía de ‘contraprestación’ para ‘la investidura de Sánchez’

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‘No es una mera medida de gracia otorgada unilateralmente por el Poder Legislativo, sino que tiene contrapartidas políticas de gran relevancia a cargo de los amnistiables’

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha explicado este lunes en un comunicado el sentido de su voto en blanco al informe del CGPJ sobre la amnistía y detalla su posicionamiento respecto a la citada ley.

Guilarte subraya la anomalía que constituye una amnistía “cuyo otorgamiento no es gratuito”, sino que “tiene causa contractual onerosa con una contraprestación a actuar por el beneficiario de la medida de gracia: el apoyo a la investidura del presidente de Gobierno”.

“En este sentido, a diferencia de cuantas leyes de amnistía hemos conocido, la que nos ocupa no es una mera medida de gracia otorgada unilateralmente por el Poder Legislativo sino que tiene contrapartidas políticas de gran relevancia a cargo de los amnistiables”, añade el magistrado.

El presidente interino del CGPJ incide en “el sorprendente silencio de la faraónica Exposición de Motivos” de la amnistía “sobre el precedente contractual” que origina la norma.

De hecho, Guilarte considera que el verdadero debate no es su constitucionalidad, sino si “es posible utilizar el excepcional instrumento constituido por la amnistía cambio de obtener los votos necesarios para lograr la investidura del presidente del Gobierno”.

La amnistía se creó como contraprestación política, no por la convivencia en Cataluña

Según el magistrado, la amnistía de Sánchez es, en esencia, “una medida gratuita”, que “no puede arbitrarse a cambio de una contraprestación”, porque “desvirtúa radicalmente” y “desdibuja su esencial naturaleza como medida de gracia”.

En ese sentido, Vicente Guilarte destaca que “tiene una causa relativamente simulada en los términos en los que la describe la exposición de motivos”, pues su fin es la citada transacción política y no facilitar la convivencia en Cataluña.

“Si se analiza con una perspectiva civil, difícilmente superaría los criterios de validez y licitud exigidos por el artículo 1.276 del Código Civil”, citó el jurista en alusión al artículo que señala que “la expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita”.

Justifica su voto en blanco por mantener la neutralidad ante las connotaciones políticas

Guilarte resume los argumentos de las dos ponencias presentadas sobre la amnistía (la que considera constitucional la ley y la que no) para asegurar que, de haberse limitado al “al análisis de su articulado, sin entrar en el debate sobre su constitucionalidad, se habría conseguido aprobar un único informe” con casi todos los juristas de acuerdo.

“La amnistía no puede ser sinalagmática moneda de cambio -contrato bilateral- de la consecución de una mayoría parlamentaria para la investidura pues implica convertir la medida de gracia, por definición unilateral y gratuita, en algo bilateral y oneroso”, añadió el magistrado.

Aunque tachó la amnistía de “transacción política”, Guilarte justificó su voto en blanco al considerar “prudente mantener cierta neutralidad” ante una ley cuya “aprobación es la contrapartida por el apoyo de sus beneficiarios a la investidura del presidente de Gobierno”.

“Queramos o no, el planteamiento de constitucionalidad tiene sin duda fuertes connotaciones políticas a las que debiéramos intentar ser ajenos. Asumo los riesgos de no contentar con ello a unos y a otros, sobre todo a algunos”, concluye la explicación razonada del voto en blanco del jurista.

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