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El Supremo abre causa penal por el terrorismo de ‘Tsunami’ al prófugo Puigdemont y al diputado Wagensberg

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El Tribunal no alberga dudas de la relación de los hechos imputados con el terrorismo, como recoge en más de 10 sentencias previas

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad declarar su competencia y abre causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al golpista fugitivo, Carles Puigdemont, y al diputado regional catalán Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo en el caso ‘Tsunami Democràtic’.

En un auto notificado este jueves, el Supremo adopta la decisión tras analizar la exposición razonada que elevó el instructor de ‘Tsunami’ en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la que exponía los indicios que consideraba que probaban la participación de ambos aforados en los delitos investigados.

Los magistrados concluyen respecto a Puigdemont y Wagensberg que es “necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados” porque la diligencia corresponde al TS y no al instructor de la AN al tratarse de aforados.

También se señala que existen indicios de la participación de Carles Puigdemont en los hechos investigados, porque desde el inicio estuvo informado de la constitución del grupo organizado para la subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas, impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones.

Respecto a la participación del diputado regional de ERC, Rubén Wagensberg, la exposición razonada parte de la alta probabilidad de que sea el cabecilla de Tsunami tras el pseudónimo de ‘Konan’ en la aplicación WIRE, autor de comunicados oficiales de la organización que a su vez intercambia mensajes con el usuario ‘Soler’.

El tribunal no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan a ‘Tsunami’ se vinculan al delito de terrorismo y recoge al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero que consolida su doctrina sobre este delito. El Supremo designa instructora conforme al turno establecido a la magistrada Susana Polo.

Participación de Carles Puigdemont: doctrina de los hombres de atrás

La resolución emitida este jueves menciona las reuniones en las que estuvo presente Puigdemont en las fechas previas al lanzamiento de ‘Tsunami’ y recuerda que aparece directamente implicado en la campaña para promocionar esta nueva estructura.

La Sala incide que la “pluralidad de indicios acredita dominio funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas del actuar típico”, de manera que Puigdemont “animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento”.

“En una organización delictiva, los hombres de atrás, que ordenan delitos con mando autónomo -pudiendo evitarlo- pueden, en este caso, ser responsables como autores mediatos, aun cuando los ejecutores inmediatos sean, asimismo, castigados como autores plenamente responsables”, agrega el auto.

La sala razona que “una cúpula diseña, planifica y da las órdenes delictivas hasta los ejecutores materiales de las mismas, no sin antes pasar tales órdenes por las personas intermediarias que organizan y controlan su cumplimiento”.

Para el TS, el informe de la Teniente Fiscal que descartó el terrorismo, “cuestiona uno a uno estos indicios con una subjetiva interpretación de los mismos”, pero la Sala consideró un error “valorar aisladamente indicios, porque la fuerza probatoria procede de la interrelación y combinación de los mismos (…) cuando todos ellos señalan racionalmente en una misma dirección”.

Por ello, el tribunal considera que “no resulta aceptable analizar cada uno de aquellos elementos y a darles otra interpretación, o bien a aislarles del conjunto probatorio extrayendo sus propias conclusiones”.

La ocupación de El Prat por Tsunami

El auto se centra en los hechos ocurridos el 14-10-2019 en el Aeropuerto de El Prat de Barcelona e indica que ‘Tsunami’ actuó “con la idea de provocar la paralización del aeropuerto y la suspensión masiva de vuelos, en una situación de absoluto caos y violencia“.

Los integrantes de ‘Tsunami’, añade e, Supremo, actuaron “con perfecta coordinación y llevando sus miembros pasamontañas que cubrían sus rostros, usaron instrumentos peligrosos y artefactos de similar potencia destructiva a los explosivos, como extintores de incendios, vidrios, láminas de aluminio, vallas, carritos metálicos o portaequipajes, que lanzaron contra los agentes de la autoridad”.

La Sala añade que se ocasionaron lesiones de especial gravedad a miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado “en el aeropuerto de El Prat y en las calles de Barcelona, mediante el lanzamiento de piedras, adoquines, láminas de aluminio y barras de hierro contra los agentes, en medio de la formación de barricadas, quema de bidones inflamables y contenedores”

También considera que se cometieron falsificaciones masivas y continuadas de billetes de avión y tarjetas de embarque que llevaron a cabo los organizadores de Tsunami para lograr que un gran número de personas accedieran de forma irregular a las instalaciones de El Prat.

Por último, aprecia también delitos graves de daños patrimoniales mediante la utilización de sustancias pirotécnicas inflamables en bienes de uso público en el aeropuerto y calles de Barcelona.

Doctrina del terrorismo callejero

El tribunal considera que, “ya de entrada, la afirmación que aflora en algunos políticos y medios de comunicación que solo las acciones de ETA o de la Yihad merecen tratamiento de terrorismo, es incompatible con la definición que del terrorismo se deriva del actual art. 573 CP”.

El Supremo explica que para acreditar el delito de ‘terrorismo callejero’ se exige que se ejecute alguna de las siguientes finalidades: subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

“Pues bien, en nuestro supuesto, se han cometido por los integrantes de ‘Tsunami’ los delitos graves contra la libertad, integridad física, de atentados, falsedades documentales, el patrimonio y otros que ya han sido recogidos en el apartado primero de este escrito”, subraya el tribunal.

El auto alude a la Memoria de 2020 de la Fiscalía General del Estado (encabezada por Dolores Delgado) que aludía al “movimiento violento independentista catalán” y señalaba expresamente a los CDR y el Equipo de Respuesta Táctica (ERT) por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con finalidad terrorista y conspiración para la comisión de estragos.

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